LAS REDES QUE ATRAPAN

Las escuelas públicas de Seattle interponen una demanda contra las principales plataformas de redes sociales alegando que «la mala praxis de los acusados ha supuesto un factor sustancial en la crisis de salud mental de la juventud». Frente al dilema ético de cómo regular el uso de estas redes, se impone el jurídico: ¿hay recorrido para llevar a juicio a estos gigantes tecnológicos?

El pasado enero, las escuelas públicas de Seattle demandaron a varias plataformas de redes sociales acusándolas de daños mentales a sus alumnos. Entre los diversos puntos que utilizan en la introducción de la demanda presentada se explica que los jóvenes «son particularmente susceptibles porque sus cerebros no están plenamente desarrollados y, en consecuencia, les falta la madurez emocional, el control de las impulsos y la resiliencia psicológica de otros usuarios más maduros». «En edades en las que todavía estamos formando nuestra personalidad y aprendiendo a aceptarnos tal como somos, el contraste [entre el físico propio y el retocado de las imágenes que ven en Instagram] puede resultar particularmente demoledor», explica Ferran Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.

Las redes sociales utilizan la persuasión para crear adicción entre sus usuarios, tal como explica Manuel Armayones, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y coordinador del grupo de investigación Behavior Design Lab del eHealth Center: «Como productos comerciales que son, no tienen otro objeto para sus accionistas que el de generar beneficio». Las técnicas de personalización creadas mediante algoritmos llevan a cada usuario a tener una experiencia muy ajustada a sus gustos, lo que facilita que cada vez se esté más tiempo. «Cuanto más tiempo estemos dentro de ellas, más precisas serán las recomendaciones de tipo comercial que nos irán llegando», indica Armayones. Hace alrededor de año y medio, el diario estadounidense Wall Street Journal destapó la existencia de documentos internos en Facebook que apuntaban a que Instagram, también propiedad de Mark Zuckerberg, causaba efectos dañinos en las adolescentes.

Pero una cosa es el problema ético que se desprende de estos informes en cuanto al uso de redes sociales, y otra, las responsabilidades jurídicas que puedan derivarse de demandas como la interpuesta por las escuelas de Seattle. Sergio de Juan-Creix, profesor colaborador de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOCy abogado experto en Derecho Digital del despacho Croma Legal, pone el acento en la responsabilidad compartida de que los más jóvenes tengan perfiles sociales: «Hay, al menos, un triple nivel de responsabilidad: la de las propias plataformas y cómo están diseñadas, la de los educadores, que son las familias, tutores y las escuelas, y la del regulador». Este, como responsable último de aprobar las leyes que se aplican a estas plataformas. «En España, por ejemplo, puedes prestar tu consentimiento en materia de datos personales a partir de los 14 años. Por ello, no podemos culpar únicamente a las redes sociales por permitir que los menores las utilicen porque, de hecho, pueden hacerlo. El debate gira en torno a si esta edad debería elevarse, por una parte; y por otra, en pedir más transparencia a las redes sociales, tanto para con los usuarios como para con el regulador, a fin de que expliquen no solo cómo y con qué finalidad tratan nuestros datos personales, sino también respecto a cómo y con qué fines se programan.