Borja Fernández Villar, experto en energía sostenible: "Un plan de movilidad sostenible ya no es opcional, es una obligación para las empresas"
El responsable de energía, fija esta fecha límite (antes de fin de año) para que los centros de trabajo adopten medidas de movilidad sostenible para su flota de vehículos
Punto de recarga de un coche eléctrico.
Las empresas afrontan la recta final para implantar sus planes de movilidad sostenible corporativa antes del próximo 5 de diciembre.
Borja Fernández Villar, director de Desarrollo de Negocio de la División de Energía de CARTIF, explicó en una entrevista en esRadio Castilla y León las claves normativas, la prioridad de las medidas y el impacto de esta transformación en el tejido empresarial. La puesta en marcha de estrategias de transporte eficiente ha dejado de ser un compromiso meramente voluntario vinculado a las políticas de responsabilidad social corporativa para convertirse en una exigencia reglamentaria imperativa. La legislación establece requisitos precisos que afectan de forma directa a la gestión organizativa y al día a día de las plantillas en las organizaciones.
Plazos normativos y alcance de la obligatoriedad
Un plan de movilidad sostenible ya no es una cuestión opcional, sino que es una cuestión obligatoria. "Nos obliga la ley a que todas las empresas que tengan a partir de 200 empleados cuenten con un plan vigente", señala Borja Fernández Villar.
El especialista matiza que el criterio de aplicación no responde únicamente a la dimensión global de la compañía, sino al volumen real de ocupación en cada instalación: "La obligatoriedad no va tanto con que sea gran empresa o mediana empresa, sino con el número de trabajadores que tengan: centros de más de 200 empleados o de 100 trabajadores por turno".
Escala de prioridades, negociación laboral y retorno de la inversión
A la hora de estructurar un plan de movilidad, resulta indispensable jerarquizar las intervenciones según su impacto ambiental y su viabilidad. Frente a la tendencia generalizada de focalizar los esfuerzos en la transición hacia el vehículo eléctrico, el marco legal define una hoja de ruta con distintas etapas previas.
"Lo primero que se piensa casi es en electrificar la flota, en sustituir vehículos de combustión por coches eléctricos, pero esa es solo una de las patas. Lo primero que contempla la normativa es la movilidad activa; lo segundo, favorecer el transporte colectivo; y cuando no queda otra solución que el transporte privado, tender hacia vehículos eléctricos", aclara el experto.
Por otro lado, la implantación efectiva de estas medidas exige un diálogo continuo con el personal para garantizar que las soluciones respondan a las jornadas y trayectos reales. La concertación social representa un pilar irrenunciable para validar el proceso.
"En las organizaciones lo más importante son las personas. Que las personas se desplacen a gusto y que no suponga un inconveniente ninguna de las medidas que se tomen es fundamental. Para lo cual hay que negociar tanto con la parte trabajadora como con la dirección", enfatiza Fernández Villar, recordando que "los planes tienen que estar negociados con la representación legal de los trabajadores".
Finalmente, el directivo concluye que "no hay que pensar que esto va a ser un coste, sino todo lo contrario: va a redundar en un beneficio tanto de los empleados como de la propia pyme".