¿Quién paga el agujero de la luz?

Mientras crece la preocupación por la banca española, otro agujero más profundo aunque también más silencioso continúa ensanchándose en el sistema eléctrico. Cada mes que pasa, el déficit tarifario, que identifica la deuda acumulada con las compañías para mantener una tarifa inferior al precio que se paga por la energía, crece en casi 500 millones de euros y podría superar ya los 26.000 millones después de cerrar el 2011 en 24.000, según datos oficiales.

Una dinámica insostenible, según admite el ministro de Industria, José Manuel Soria, que el Gobierno se apresta a revertir con una reforma del sistema eléctrico que, si se cumplen los plazos, verá la luz antes de final de mes. El objetivo es romper la inercia al alza del déficit de tarifa que, de no actuar, sumaría otros 5.500 millones durante el 2012 y, al mismo tiempo, configurar un nuevo marco regulador que permita enjugar el déficit acumulado repartiendo el ‘sufrimiento’ entre compañías y consumidores.

La papeleta es tremenda. Industria debe trazar un plan para que el sistema reabsorba el déficit millonario generado la última década sin margen alguno desde el presupuesto público, con la obligación de preservar la rentabilidad de unas grandes firmas nacionales (Iberdrola, Gas Natural Fenosa e Hidrocantábrico) siempre expuestas al apetito de los inversores foráneos, con la necesidad de elevar por imperativo europeo el peso de las renovables y sin subir en exceso el recibo de la luz. Y todo sin dejar la sensación de que usa el BOE de forma arbitraria para eludir compromisos adquiridos.

Reparto de cargas

A tenor de las medidas aprobadas hasta ahora, que parecen constituir un prólogo de la reforma, el Gobierno parece optar por repartir las cargas de la forma más equitativa posible entre los agentes implicados, preservando eso sí el Presupuesto del Estado. En enero, Industria cerró el grifo de la subvención pública a los nuevos proyectos de instalaciones renovables; en marzo, recortó en 1.000 millones los pagos por costes de distribución y garantía de capacidad de los que se beneficiaban principalmente las eléctricas tradicionales; y luego arbitró una subida del 7% en el recibo de la luz, que ha elevado en 1.500 millones las cargas sobre los consumidores. Este reparto no convence a las grandes compañías, que critican verse implicadas en la solución de un problema —el déficit tarifario— originado por la decisión «política» de mantener «artificialmente» las tarifas por debajo de su precio «real», cuyo perjuicio —en forma de costes— dicen haber asumido en su integridad. Por eso, exigen el pago íntegro de las cantidades adeudadas y que si se quiere equilibrar el sistema se haga mediante subidas del precio de la luz.

Hacerlo no solo descabalgaría el presupuesto público sino que obligaría a encarecer un 40% el recibo para cubrir el desfase actual en el precio de la electricidad, argumentos suficientes para que el Gobierno ni se lo plantee. Pero es que, además, en Industria están convencidos de que ese precio de mercado que el sistema atribuye a la electricidad no refleja los costes reales de producción, sino que podría estar sobreestimándolos en beneficio de las propias compañías. Una conclusión que ya han alcanzado antes la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) e incluso la Comisión Europea (CE).

Para el profesor Jorge Fabra, ex presidente de Red Eléctrica y ex consejero de la CNE, en los últimos años se han cargado al precio de la electricidad sin fundamento económico alguno una serie de servicios que no aportan valor ni a la calidad del suministro ni a su eficiencia, pero que sí han contribuido a ensanchar el déficit de tarifa.

El Gobierno maneja la posibilidad de imponer una tasa de cinco euros por megavatio producido a las eléctricas independientemente de la fuente de generación, lo que podría generar unos ingresos según esas mismas fuentes de 1.500 millones de euros.

Las alternativas que el Gobierno valora ahora pasan por un recorte de las primas a las renovables, aunque también por el posible establecimiento de un gravamen específico sobre las nucleares y las hidroeléctricas, como se ha hecho en otros países como Alemania.