Mismo café, otro sabor

La España de las autonomías sigue cuestionada treinta años después, y ni siquiera los «padres» de los Estatutos opinan del mismo modo sobre el «café para todos», un proceso que unos ven ahora como un «progreso» y otros como una manera de «desvirtuar» las aspiraciones de Cataluña, el País Vasco y Galicia.

El problema residía que ni las aspiraciones de todos los territorios eran idénticas ni todos partían de las mismas reivindicaciones históricas pero los deseos de autogobierno de las denominadas nacionalidades históricas tuvieron que convivir con los de igualdad del resto de territorios.

Y aunque Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía asumieron en menos tiempo sus competencias y sumaron la posibilidad de celebrar elecciones de manera separada, con el tiempo prácticamente todas las autonomías han alcanzado las mismas cotas de autogobierno.

«España tiene una ciudadanía muy igualitaria que en ningún caso habría tolerado privilegios», explica el expresidente valenciano Joan Lerma (PSOE), quien, al echar la vista atrás, admite que «quizás deberían haberse contemplado más claramente» las distintas necesidades de cada autonomía pero respetando la «igualdad».

También el ex presidente madrileño Joaquín Leguina (PSOE) apunta ahora que otorgar solo la autonomía a las nacionalidades históricas «quizás» habría sido más «viable», pero a cambio se les tendría que haber exigido el cumplimiento estricto de la ley y evitar así que «se pasen por el arco del triunfo las normas estatales».

Para el primer presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, ese proceso fue una equivocación porque otorgó la «misma fuerza» a los territorios con lengua y cultura propias que a quienes «nunca habían reclamado autonomía», pero considera que «andar reformando ahora el café para todos también es muy peligroso».

También critica el exlehendakari Carlos Garaikoetxea aquel proceso porque generó «un espíritu de emulación en regiones que no abrigaban ninguna reivindicación histórica de autogobierno y dejó sin resolver aspiraciones legítimas» de las otras nacionalidades con un «sustrato cultural» y unas «demandas específicas mayoritarias».

«Con todos los respetos, porque cada pueblo tiene aspiraciones y problemas igualmente respetables pero de diferente naturaleza, se generó una hipertrofia del Estado que hoy cuesta caro y dejó irresuelta -por limitada- la respuesta a una demanda histórica y democrática de las nacionalidades», explica Garaikoetxea.

También el ex conseller de CIU Joan Guitart habría preferido un estado centralizado con autonomía solo para esas tres comunidades.

Y en el lado opuesto, el ex presidente autonómico andaluz José Rodríguez de la Borbolla sostiene que «Las autonomías no sirven para garantizar la identidad histórica y reconocer la singularidad, sino que son una forma de organización de la política y de la prestación de servicios a los ciudadanos», sostiene.

También defiende la descentralización, tal y como se produjo, el expresidente de la Diputación Foral de Navarra Jaime Ignacio del Burgo, quien cree que los «males del sistema» han sido consecuencia de que el Gobierno central ha hecho «dejación» de competencias para conseguir un «Estado fuerte y eficaz».

Lo que casi todos asumen es que la crisis económica ha puesto en el punto de mira el gasto de las autonomías, y aunque reprochan que se las criminalice, admiten que desde ellas también se puede promover el ahorro. Y en esta maraña de ideas, treinta años después, el exconsejero catalán Joan Guitart asegura que el «sueño» catalán de estar cómodos dentro de España se ha esfumado y el exlehendakari Garaikoetxea ve como única «salida democrática» el «respeto» a las decisiones de Euskadi. El café no ha dejado en todos el mismo sabor.