Golpe de Estado por etapas
Lo que está ocurriendo en Cataluña cada uno lo contemplará como le parezca pero la realidad es que se trata de un golpe de Estado anunciado y planificado por etapas. Nadie puede creerse que unas leyes autonómicas aprobadas al margen de las competencias del Parlament, en contra de la Constitución y saltándose minorías/mayoritarias pueden tener validez jurídica. La realidad es que, en medio de continuas provocaciones, los secesionistas están arquitectando una trama jurídica que si algo tiene que ver con la legalidad es su condición ilegal.
Nada es nuevo en los avances del ‘procés’ hacia el primero de octubre previo, calentamiento de la Diada el once de septiembre. Analizando en profundidad las razones de la sinrazón de los responsables la primera conclusión que se saca es que lo único que les interesa no es celebrar el referéndum, que todo el mundo sabe que no pasará de ser una pantomima que no servirá para nada.
Lo que quieren los promotores, capitaneados por los radicales de la CUP, es que haya problemas graves en la calle, que se produzcan enfrentamientos con las fuerzas del orden, preferentemente con la Guardia Civil, o que el Ejército aparezca desplegado por Las Ramblas y, sobre todo, que en los incidentes haya una víctima. El soberanismo necesita un muerto, un mártir, un héroe al que presentar como el ejemplo de la represión a que su propaganda atribuye los deseos de independizarse.
Ante esta situación lo que más sorprende e inquieta es la actitud del Gobierno, la pasividad con que el presidente Rajoy parece esperar que el problema se solucione sin necesidad de hacer nada especial para resolverlo. Visto a donde han llegado las cosas cuesta creer que ocurra algo así.
No se entiende, aunque el poco tiempo dirá si esta táctica existe, y si existe funciona, que se esté esperando tanto para empezar a ponerla en práctica. Ahora mismo los independentistas se comportan con un descaro y una confianza en su impunidad que asombra. Las ideas secesionistas pacíficas son legítimas en democracia. Lo que no es admisible es que, en vez de defender ideas, se estén haciendo trampas legales.