Sentencia de muerte para molinos y acequias

La guerra ha estallado en la ribera del Órbigo, una batalla por el agua en la que cada bando defiende sus razones sin que nadie atisbe una solución. Al menos, de momento. Las barricadas están bien delimitadas y ninguno de los contendientes parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Por un lado, la comunidad de regantes Presa de la Tierra. Enfrente, los propietarios de huertos urbanos. En medio, dos maneras distintas de entender los usos del agua, la rentabilidad agrícola y la vida en el medio rural. En abril de 2025 se inició la campaña de riego, la primera con riego modernizado implantado al 100%, ya que en los meses anteriores fueron destruidas todas las acequias y regueros, a excepción de las que se encuentran en las zonas urbanas. Desde entonces no hay dotación de agua para los cauces de las presas tradicionales.

Centenares de manifestantes desfilaban a principios de mes para reivindicar su derecho al agua. Esta procesión de la sed evidenció su reivindicación después de que la comisión ejecutiva de la Presa de la Tierra decidiera cortar el agua que durante siglos ha corrido por las presas para permitir el asentamiento humano y el desarrollo económico de la margen derecha del río. La asociación para la conservación de huertos y patrimonio hídrico asegura tener ya cientos de firmas, entre ellas las de numerosos profesores universitarios que, como Carlos Junquera y Laureano Rubio, solicitan que la decisión de la comunidad de regantes y CHD se revierta y que los propietarios de fincas urbanas no vean morir una forma de vida que consideran patrimonio ancestral de la ribera.

«La asociación canaliza una reclamación que afecta a ocho pueblos y comunidades (cuatro ayuntamientos) a los que hacen oídos sordos agricultores —a veces hasta vecinos cuando no familiares— que desde la Presa de la Tierra se han convertido en dueños y señores del agua», denuncian. Y es que, en su opinión, la modernización del regadío no puede terminar con un sistema de presas, acequias, regueros y molinos que ha moldeado la ribera desde hace siglos. Creen que la Presa de la Tierra difiere del resto por numerosas razones. Entre ellas, sus quince presas, su entramado amplio lleno de vegetación arbórea, sus molinos, seis de ellos con un patrimonio hidráulico de gran valor, o la fábrica de harinas de Benavides. «Incluso es un factor de vida o muerte. Si hubiera un incendio en alguno de los pueblos, el agua de las presas permitiría sofocarlo de manera rápida», incide uno de los miembros de la agrupación.

Los dueños de los huertos urbanos muestran su perplejidad ante una decisión que, en su opinión, no tiene sentido y que, además, achacan a decisiones contrapuestas que se han ido aprobando desde hace ocho años:

1.— En la Junta General Ordinaria celebrada el 3 de diciembre de 2017, la comunidad de regantes Presa de la Tierra, aprueba el «mantenimiento del riego a las fincas no modernizadas y de los cauces de las presas para dar servicio de riego, evacuación de inundaciones y concesiones de usuarios industriales.

2.— El 17 de diciembre de 2017, la misma comunidad de regantes aprobó, esta vez en junta extraordinaria, iniciar el proceso para dotarse de un sistema de riego modernizado.

3.— El 28 de diciembre de 2021 la comunidad de regantes aprueba quitar la concesión de agua a los molinos y otros usuarios industriales, y dejar fuera de la zona regable a los huertos y fincas ubicados en las áreas urbanas, con lo que se modifica el dictamen aprobado cuatro años antes.

Según la asociación, esta decisión se tomó de manera abrupta y sin resolver los 166 recursos de alzada presentados contra las nuevas ordenanzas. Los vecinos defienden que la modernización del riego, que la Comunidad de Regantes argumenta estar obligada a implementar, es compatible con el mantenimiento de los cauces tradicionales.

Las razones de los regantes

Sin embargo, las razones que esgrime la comunidad de regantes dista mucho de los que defiende la asociación. Su presidente, Javier Guerra, explica que la comunidad no decide nada y rebate las afirmaciones de los propietarios de los huertos. «La decisión no hace otra cosa que respetar la ley de aguas, que regula el acceso, uso y gestión en diferentes contextos, incluyendo zonas urbanas, rurales y subterráneas». «Mire, yo puedo prometer el cielo, pero si la ley dice lo contrario, nadie puede hacer otra cosa que respetarla», asegura, al tiempo que defiende que los huertos nunca pertenecieron a la comunidad de regantes. «Incluso hemos dejado un caudal ecológico de 150 litros de agua que seguirán circulando por las presas», añade. Javier Guerra refuta también la defensa que hace la asociación acerca del carácter cultural de los huertos y se pregunta la razón por la cual los regantes tendrían que hacerse cargo y pagar un tema relacionado con el patrimonio cultural. Y es que estas acequias son un aspecto tradicional tan reconocido que incluso el Instituto Leonés de Cultura ha destinado ayudas para restaurar estas construcciones y otras que aprovechaban la fuerza hidráulica. Aunque los molinos no funcionan en la actualidad, muchos son visitables.

Javier Guerra subraya la falta de sentido que tendría haber realizado una inversión de 14 millones de euros para continuar regando como en el siglo XVI. Además, revela que hay huertos urbanos de 50 metros cuadrados, pero también los hay de cinco mil. «Será el ayuntamiento el que tendrá que garantizarles el agua», dice al tiempo que destapa abusos: «Un propietario logró una reforma en el plan urbanístico para hacer urbana una superficie que, hasta entonces, había sido rústica».

El pasado 2 de diciembre de 2024 tuvo lugar una reunión entre la comunidad de regantes, la asociación para la conservación del riego de huertos y patrimonio, la CHD y el sindicato central de Barrios de Luna. En ella, el presidente de la asociación, Francisco Catalán Bohórquez, presentó un informe técnico que contenía una forma alternativa de riego según la cual se podría verter el agua de los hidrantes a los regueros para que llegara a esos huertos urbanos. Argumentaba que, en febrero de 2023 se habrían reunido con la CHD y esta les informó de que no veía problema alguno en la posibilidad de regar esos huertos, extremo negado a continuación por el representante de Confederación, Ignacio Santillán, que justificó su negativa en el hecho de que el agua en el cauce se pierde y no llegaría a su destino, por lo que sería técnicamente imposible regar de esa manera. «Además, la dotación que solicitan excede totalmente la que tiene la Presa de la Tierra. En el caso de los cauces y presas, con la modernización éstas pierden su función de riego, por lo que quedarán secas o desaparecerán. Podrían tener otra función, pero eso ya no le corresponde ni a la CHD ni a la comunidad de regantes. Si hay interesados que quieren preservar las presas y que siga circulando el agua por ellas, serán éstos los que deberán hacerse cargo de las mismas y solicitar una concesión social o recreativa que iría separada de la comunidad de regantes», explicó Santillán. Asimismo, la comunidad de regantes argumentó que si la CHD lo permitía, se le dará riego a todo, incluido lo urbano, pero con los mismos derechos y obligaciones que el resto de comuneros, es decir, regando mediante el nuevo sistema y pagando la modernización. No hubo acuerdo.

Uno de los integrantes de la asociación denuncia que la fauna ha desaparecido en los cauces que hasta hace apenas un mes surtía de vida a los pueblos de la presa de la Tierra. Cangrejos, peces, salamandras, mejillón de agua dulce, patos, garzas, nutrias... Asegura que la vida solo existe ya como un recuerdo y a la flora le pasará lo mismo. «Su extinción se conforma de manera más lenta pero los chopos, ese agente medioambiental tan necesario para los ecosistemas, se secarán si nadie lo remedia». Y eso a pesar de que su importancia para la agricultura es fundamental: son filtros verdes situados entre las zonas agrícolas y los cursos de agua, «centinelas» de las zonas de transición. «El nivel freático desciende de manera violenta y antes o después las consecuencias se harán palpables en las praderas y bosques de riberas», añade.

Los asociados para la conservación del riego de huertos y patrimonio hídrico defienden además que quitar el agua a los huertos no les dará más agua a los regantes al tiempo que subrayan estar al corriente de los pagos y de los recibos. «Además, los molinos de las presas tienen concesiones. ¿Pero qué es esto? Los huertos han pagado siempre y lo que están haciendo desde la comunidad de regantes con el respaldo de la Confederación Hidrográfica del Duero es expropiar por la puerta de atrás», critican tras alertar de que el Seprona de la Guardia Civil ya tiene una denuncia interpuesta después de que la asociación haya tratado de llegar a un acuerdo con los regantes sin éxito. La asociación no quiere perder los usos tradicionales y cree que las fincas rústicas siempre tendrían la misma cantidad de agua si se regaran los huertos. «El agua se da por la superficie empadronada —justifican—, por lo que la comunidad de regantes recibiría más agua». Además, lamentan que ningún ecologista se haya preocupado por su causa.

La historia

En 1935 comenzó a redactarse el proyecto de la presa del pantano de Barrios de Luna por el ingeniero Luis Llanos y Silvela que lo terminó en 1936. La finalidad no era otra que garantizar el abastecimiento de agua para regadíos y otros usos industriales de la comarca del Páramo y las riberas de los ríos Luna (aguas abajo del pantano) y Órbigo, así como el aprovechamiento hidroeléctrico. En 1945 se adjudicaron las obras. Y aunque el embalse no fue inaugurado oficialmente hasta 1956 por Franco, el primer desembalse tuvo lugar varios años antes, el 31 de julio de 1951. Bajo sus aguas se enterraron trece pueblos en los que residían más de 1.500 vecinos y para llevar a cabo los trabajos se hizo necesaria la contratación de alrededor de 1.200 trabajadores. Los primeros procedían de las localidades próximas al embalse, aunque también vinieron de Galicia y, tras la finalización del embalse del Ebro en Burgos, de otras provincias, a lo que había que añadir un fuerte contingente de presos políticos. La inversión en canales, presas y regadíos supuso una planificación que eliminó las inundaciones que se sufrían al regular y controlar el agua y disfrutar de cauces más regulares más allá de las sequías de cada verano. Por entonces, comenzaron también a edificarse las «casas baratas» o viviendas sociales construidas en Benavides de Órbigo, en una zona rodeada de presas conocida como del Conde Luna. Estas pretendían satisfacer la demanda de vivienda en la postguerra y contribuían a que las familias de zonas rurales que en ellas habitaran tuvieran un terreno o huerto para cultivar y autoabastecerse de alimentos. El ayuntamiento de esta localidad, junto a propietarios y Confederación Hidrográfica del Duero acordaron que una tubería que naciera desde el molino-harinera, facilitara la llegada de agua a dichos huertos y los vecinos participaron en las obras, y durante décadas, en su mantenimiento. «No se construían las viviendas sin asegurarles suministro de agua —defiende uno de los vecinos—, que destaca que tuvo que firmarse, por lo tanto, un acuerdo con el ayuntamiento para garantizar el abastecimiento. Asimismo, defiende que el uso de aguas superficiales para beber, bañarse, y otros usos domésticos, como un huerto para autoconsumo, así como para abrevar el ganado sin necesidad de autorización administrativa es un derecho de disposición legal.

Una de las integrantes de la asociación, que lleva desde los 2 años en el pueblo, destaca que hay un documento de los años cincuenta que demuestra que por entonces se llegó a un acuerdo por el que el ayuntamiento se comprometía a permitir por su terreno la construcción de las canalizaciones para la Presa de la Tierra a cambio de permitir el acceso al agua de manera gratuita y vitalicia. Este papel es una de las batallas de los propietarios de los huertos en su reivindicación, pero el ayuntamiento, por boca de su alcaldesa, Esperanza Marcos, asegura que no existe expediente alguno. «Si la alcaldesa dice no encontrar papeles, no puede justificarse y quedarse ahí, su obligación es buscar una solución urgente y defender a los vecinos con un acuerdo para que el agua vuelva. De seguir así, recurriremos a otras instancias para buscar los documentos que ahora, curiosamente, no aparecen registrados en la administración cuando las casas llevan utilizando el agua para regadío de los huertos y autoabastecimiento alimentario o de frutales desde hace unos sesenta o setenta años». Otro de los miembros de la asociación recuerda que hace años, con motivo de la celebración de los actos del VII centenario del Mercado de los jueves, la calle paralela a la presa de la Tierra fue reurbanizada y ajardinada. Además, renovaron la tubería antigua para evitar averías y beneficiar la calidad del suministro a los vecinos. «Ahora, la actual regidora ni siquiera es capaz de quitar la mordaza de hierro que le han puesto a la compuerta para que pase el agua. Da igual que un papel casualmente ahora no aparezca, los derechos adquiridos ahí están y la obligación de suministrar agua por la administración municipal también».

Las críticas se refieren a la instalación en Benavides de una pieza de hierro que impide la bajada el suministro de agua que se toma a la altura de la harinera y a la propia factoría. «Esta fue una obra de suministro pagada y mantenida por los vecinos», lamenta uno de ellos, que se muestra además sorprendido por la actitud de la alcaldesa: «No hace nada por los vecinos contra CHD, se queja contra la mancomunidad porque baja la presión y emite un bando municipal en el que anuncia cortes en el suministro», lamenta.