La espiral de la Diputación que ahoga a los libreros

La pelea se libra entre David y Goliat en una particular arena en la que los débiles tienen poco que hacer, por no decir nada, contra empresas capaces de utilizar la ley a su favor. Cada año, y ya van cinco, la Diputación, a través del Instituto Leonés de Cultura, publica las bases para la selección de proveedores para el suministro de libros que serán destinados a sus bibliotecas y bibliobuses. El presupuesto asciende a casi 200.000 euros —194.989,74 euros— distribuidos en 15 lotes que abordan narrativa española, novela gráfica, temas leoneses, poesía y teatro entre otras— a través de una subvención directa de la Junta de Castilla y León. El coordinador de bibliotecas de la institución provincial, Roberto Soto, reconoce el problema y lo achaca a la aprobación en 2017 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que en función de la cuantía del gasto hay que abrir un concurso público.»Estamos atados de pies y manos y, a pesar de que nos gustaría, no podemos comprar ni dónde ni cuándo queremos», lamenta. El cambio surgió con el anterior equipo de gobierno porque hasta entonces el presupuesto total se dividía entre las librerías de la provincia, alrededor de 25, con partidas entre 2.000 y 3.000 euros.

Ahora, sin embargo, cada uno de los libreros se adjudica una partida que nunca es inferior a los 10.000 euros y que puede llegar a los 15.000. La característica común de los últimos años es que casi todas, por no decir, todas las adjudicaciones se van a otras provincias y comunidades, sobre todo Madrid y Barcelona, mientras que los libreros de León se quedan con un palmo de narices, sin nada más que con la obligación de hacer frente a los impuestos y tasas a los que están obligados. Los libreros piden que la compra de libros para las bibliotecas quede fuera de la Ley de Contratos del Sector Público. Rechazan la licitación, argumentando que el precio fijo de los libros lleva a unos criterios imposibles de cubrir por los pequeños comercios. Y es que todas las librerías venden los libros al mismo precio y los descuentos están limitados.

El presidente de los libreros de León, Óscar García, propietario de El guardián de los libros, destaca que viven esta situación con mucha indignación. «Llevamos muchos años peleando y no hemos conseguido nada», destaca y si bien reconoce que el diputado ha puesto de su parte para intentar modificar las cosas, lamenta que no se haga lo suficiente. «Debe haber una voluntad clara en la redacción de los pliegos para que no se lo lleven siempre los mismos». Óscar apunta, por ejemplo, que cada año ganan empresas que no pueden considerarse librerías como tal. «Hay una, por ejemplo, que es un centro de empleo cuando la ley establece que ha de respetarse la cadena del libro —editor-distribuidor-librero— y que solo las librerías pueden ser el punto de venta final», explica.

Y es que, entre las cláusulas del desempate se pusieron durante años la contratación de discapacitados o de mujeres. «El problema es que la mayoría somos autónomos. No podemos optar a hacer contrataciones, con lo que la ventaja de las grandes está servida en los propios pliegos». La ley de contratación del sector público emana de la transposición de sendas directivas del Parlamento Europeo y del Consejo que, a pesar de estar sembradas de buenas intenciones, han conseguido lo contrario de lo que pretendían. En el caso presente, ha conseguido que sean los grandes los que accedan a las licitaciones debido a la complejidad burocrática, a las exigencias de la nueva economía —cuotas de género o discapacidad— y a la exigencia de solvencia.

El diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán, reconoce dificultades para corregir una situación que, según admite, no ha logrado revertir. El análisis de sus declaraciones revela el reconocimiento del problema y dependencia de factores jurídicos que, por ahora, no se han traducido en cambios efectivos. El diputado distingue entre compras directas y licitaciones públicas. En el primer caso, asegura que existe una voluntad de trabajar con librerías locales. «Se procura que todas las compras directas se hagan a librerías de León», asegura, si bien reconoce que no es el núcleo del problema. La tensión se concentra en los contratos sujetos a licitación, donde reconoce que la participación de librerías leonesas es limitada. «Es verdad que estos años optaban muy pocas», dice sin aportar datos concretos ni cifras globales que permitan dimensionar el alcance real de esta situación. Sí confirma, en cambio, que se ha intentado introducir modificaciones para favorecer a proveedores locales. 

Entre ellas, menciona criterios vinculados a la disponibilidad de instalaciones en la provincia o a la logística de suministro. «Intentamos imponer una cláusula de huella de carbono, pero nos lo recurrieron y ganaron», lamenta. El dato es relevante porque apunta a un límite claro: cualquier intento de territorializar los contratos ha sido, hasta ahora, jurídicamente vulnerable.

A lo largo de la conversación, la principal explicación que ofrece el diputado se apoya en la normativa de contratación pública. Según su versión, esta limita la capacidad de la administración para priorizar empresas locales sin exponerse a recursos.

Sin embargo, esta línea argumental convive con otra afirmación significativa: reconoce que el sistema actual no ha logrado el objetivo político de apoyar al tejido local y, pese a afirmar que se ha trabajado con el equipo técnico y jurídico, asume que no hay alternativas sobre la mesa.

Según cifras del observatorio de la librería, las empresas especializadas en la venta de libros al por menor disminuyeron un 0,9% respecto al año anterior.

El sector se enfrenta a retos muy difíciles. Amazon es un ejemplo, pero no el único. Con el crecimiento de la venta online y el libro digital, las ventas disminuyeron de forma drástica y la situación es todavía más compleja en la España vaciada, que además debe hacer frente a otros factores como el desempleo y la despoblación. 

La supervivencia de las librerías es, por tanto, más acuciante si cabe en el ámbito rural. 

Y eso lo saben bien los libreros, que día sí y día también buscan alternativas para subsistir en un entorno alejado de grandes presentaciones de libros y con un ocio más limitado que en una gran ciudad. «La pregunta que habría que contestar es si la nuestra es una función meramente mercantil o atendemos una necesidad cultural y social básica», manifiesta la propietaria de una librería leonesa, que destaca las dificultades a las que ha de enfrentarse cada día y a la cantidad de horas que se ve obligada a hacer para cubrir las expectativas del sector: «Hay que trabajar duro y tomar medidas para mantenerse a flote y la ayuda de la Diputación supondría un gran alivio». 

Este año, y según fuentes del propio ILC se modificaron los criterios de desempate referidos a la contratación de mujeres y discapacitados y se implementó el de empresas de inserción. Más de lo mismo. La buena noticia es que este año, de las 80 empresas en liza compiten tres de León. Roberto Soto anuncia la creación de un grupo de trabajo para la adquisición de libros de bibliotecas que reportará sus conclusiones al Ministerio de Cultura. No obstante, deja claro que aún está en pañales. En esa mesa están representados los libreros, abogados y jefes de servicio de las bibliotecas y una de las propuestas que analizan es la posibilidad de abrir una excepción, como ocurre en Francia, que favorezca al comercio local. «Mire, los partidos deben comprometerse a resolver este problema», dice el coordinador de bibliotecas. Algunos de los libreros consultados piden el establecimiento de un sistema similar al del ayuntamiento de León, que mantiene un convenio marco en virtud del cual facturan a todos los comercios de la ciudad. «El acuerdo se renueva cada dos años con el gremio de libreros», destacan al tiempo que consideran que el problema al que se enfrentan con la Diputación es la falta de voluntad en la redacción de las bases.