Burocracia que quema

La tierra se quema y nadie sabe lo que hacer para evitarlo. Eso sí, el «papeleo» que no falte. Si uno se remonta un año atrás recordará el incendio en la provincia de León. Si se mira un poco más atrás aparece el de Zamora en 2022. Este año le ha tocado, de momento, a la provincia de Ávila. Más de 50.000 ha se han quemado, convirtiéndose en el más grande de la historia de España. Un problema que, como se observa en la actualidad, sigue incrementándose año tras año y que, a pesar de que se conozcan varias de las medidas de prevención que se deberían adoptar, desde las diversas instituciones que tienen competencias en esta materia no se ha realizado «casi nada». Durante años la respuesta parecía sencilla. Se culpaba al calor, a la sequía, a una tormenta seca o a la mano de un pirómano. Todos esos factores siguen existiendo, pero ya no bastan para explicar incendios capaces de recorrer miles de hectáreas en pocas horas, cambiar de dirección de forma imprevisible o obligar a los equipos de extinción a abandonar la lucha contra las llamas para concentrarse únicamente en salvar vidas.

El problema no empieza cuando se declara un incendio. Comienza mucho antes, silenciosamente, durante años. Empieza cuando un rebaño deja de subir a un puerto de montaña, cuando un agricultor abandona una finca porque ya no resulta rentable cultivarla o cuando un pueblo pierde a sus últimos habitantes y el monte recupera un espacio que antes permanecía abierto. El fuego no entiende de fronteras administrativas; solo encuentra combustible. Y en Castilla y León hace tiempo que el combustible sobra. Ese es el diagnóstico que comparten científicos, ingenieros forestales y organizaciones ecologistas.

Para Víctor Resco, uno de los mayores especialistas españoles en incendios forestales, el conocimiento no es el obstáculo. «No es un problema científico, porque sabemos qué es lo que hay que hacer. Desde un punto de vista técnico sabemos cómo hay que hacerlo», afirma. Lo que falta, sostiene, es trasladar ese conocimiento a las políticas públicas. «Hay que intervenir, pero hacerlo sobre el monte implica tomar decisiones incómodas. Hay que cortar árboles en determinadas zonas, eliminar matorral, recuperar antiguos cultivos, favorecer el pastoreo y realizar quemas prescritas durante los meses de menor riesgo».

Asier Saiz, decano regional del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, considera que reducir el problema únicamente al cambio climático sería un error. El aumento de las temperaturas explica parte del fenómeno, pero no todo. A su juicio, el verdadero desafío nace de «la suma de varios factores: el calentamiento global, la despoblación, la pérdida de actividad agrícola y ganadera y la escasa gestión forestal».

Para Álvaro Álvarez, presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Merino, una de las claves para reducir el riesgo de grandes incendios pasa por recuperar la gestión tradicional del territorio, con especial protagonismo de la ganadería extensiva. El experto sostiene que el abandono del medio rural y la pérdida de estas actividades han favorecido la acumulación de combustible en los montes, por lo que defiende actuaciones como el pastoreo, las quemas prescritas, la recuperación de cultivos y la gestión forestal para construir paisajes más resilientes. En su opinión, la prevención debe formar parte de un pacto de Estado que movilice inversiones estables y promueva una auténtica cultura del riesgo entre administraciones y ciudadanía.

Desde la Junta, también buscan opciones y dar soluciones a todas estas peticiones. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, defendió la necesidad de impulsar un cambio en las políticas de prevención, aunque recordó que las competencias dirigidas a incendios recaen actualmente en la Consejería de Medio Ambiente, aunque sí es consciente de que, entre sus competencias, hay algunas que ayudan a la prevención. Este Diario, además, se ha puesto en contacto con la consejería de Medio Ambiente, pero no ha tenido respuesta. Pino apuesta por un nuevo modelo basado en la gestión activa del territorio, con más trabajos forestales durante el invierno, el mantenimiento de cortafuegos, una mayor coordinación entre administraciones y el refuerzo de los medios de prevención y extinción. Además, anunció varias de sus intenciónes. « Hay que potenciar la ganadería extensiva, simplificar la burocracia y modificar el artículo 92 de la Ley de Montes para evitar el acotamiento automático de los pastos tras un incendio, al considerar que agricultores y ganaderos son los primeros guardianes del medio», explica el consejero.

«Para prevenir los incendios se necesita invertir 1.000 M€»

WWF, la mayor organización independiente de conservación de la naturaleza, insisten en que esa continuidad del combustible constituye uno de los principales problemas. Por eso defienden que la prevención no puede limitarse a abrir cortafuegos o limpiar determinadas zonas del monte. La gestión debe entenderse a escala del paisaje, recuperando actividades económicas que ayuden a romper esa continuidad y conviertan el territorio en un espacio más resistente al fuego.

La inversión, clave

Aunque con matices diferentes, todos los expertos consultados coinciden en un mismo diagnóstico: invertir en prevención resulta mucho más rentable que afrontar las consecuencias de los grandes incendios. Desde WWF recuerdan que extinguir un incendio puede alcanzar un coste de unos 30.000 euros por hectárea, frente a los 3.000 que supone su gestión preventiva, por lo que respaldan una inversión anual de al menos 1.000 millones de euros. En la misma línea, Álvaro Álvarez sostiene que cada euro destinado a prevención evita cuatro euros en pérdidas posteriores, mientras que Asier Saiz reclama multiplicar la inversión en infraestructuras forestales, caminos, cortafuegos y protección de la interfaz urbano-forestal. Incluso desde la Junta, Joaquín Antonio Pino defiende reforzar la inversión en gestión del monte como una prioridad para reducir el impacto de los incendios y favorecer el desarrollo del medio rural.

Cuando el verano termine y el humo desaparezca, el riesgo no habrá desaparecido con él. Permanecerá escondido entre la maleza que volverá a crecer, en las parcelas sin cultivar y en los bosques que seguirán acumulando combustible. La próxima campaña de incendios comenzará mucho antes de que llegue el calor. Empezará, como recuerdan todos los expertos consultados, con las decisiones que se tomen durante el resto del año.