La cloaca que engendró la Variante

Los morteros de las balsas se vertían directamente al Bernesga. Fueron miles de toneladas. Lo hacían por la noche. Arrancaban las bombas y tiraban el sobrante». Florentino Rodríguez fue testigo de las tropelías que, asegura, cometieron las empresas de la Variante de Pajares durante los más de 20 años durante los que se prolongó la obra que taladró la Cordillera Cantábrica. La víctima alberga en su vientre la evidencia de que en pleno siglo XXI el territorio se utiliza aún como recipiente de los desechos de la gran obra pública. Como túneles de Moria, las máquinas horadaban la montaña mientras sembraban el territorio asturleonés de estercoleros. El cálculo de veinte años de obras despeja una X que el empresario cifra en 1,6 millones de toneladas de residuos que nunca se reciclaron. «¿Dónde están los resguardos que demuestran que todos los escombros se llevaron a los depósitos autorizados?», se pregunta Florentino. «Adif no los tiene porque vio y consintió», responde.

El sembrado de desechos descansa bajo un disfraz de tierra en el entorno de La Pola de Gordón y La Robla, más concretamente en Buiza de Gordón, Santa Lucía, Folledo, Llanos de Alba y Valdepuerco, además de en la cementera de La Robla.

La denuncia se presentó en los juzgados de León en 2018, pero se archivó tres años después. El auto, sin embargo, no declaró que la gestión de los residuos denunciada hubiera sido conforme a la normativa sino que las pruebas reunidas no permitían alcanzar el nivel de gravedad requerido por el Código Penal para considerar acreditado un delito contra el medio ambiente.

La demanda afectaba a las UTE encargadas de los trabajos en cuatro lotes. En el Lote 0 figuraban OHL y Obras Subterráneas; el Lote 1 correspondía a Acciona y FCC Construcción; el Lote 2 estaba integrado por Dragados y Obras Subterráneas, mientras que en el Lote Sur participaban Peninsular de Construcción y San José.

27.000 litros de corrosivo

El monte que guarece a Buiza de los vientos del norte es la zona cero de todo el territorio. En ese tramo tuvieron lugar las obras del lote 2 y allí, según el testimonio de Jesús Ángel Chacón Honrado, fueron enterradas unas 1.500 dovelas de hormigón y 27 recipientes de mil litros. Las dovelas eran piezas empleadas para revestir los túneles de la Variante y, según las declaraciones incorporadas al procedimiento, cada una podía pesar alrededor de quince toneladas. Los recipientes, conocidos entre los trabajadores como canicas, contenían acelerantes y estabilizantes utilizados en los trabajos de hormigonado.

Entre las sustancias mencionadas figuraban el hidróxido de sodio y el ácido fosfónico. El testigo describió los productos como corrosivos y afirmó que los recipientes fueron depositados en una antigua balsa de hormigón utilizada durante las obras para el abastecimiento de agua de los túneles. La denuncia describía además otros residuos. Florentino Rodríguez fue testigo durante años, según él mismo asegura, del vertido de morteros, plásticos, maderas, lonas de ventilación, tuberías, restos de instalaciones eléctricas, cintas transportadoras y otros materiales utilizados en los tajos. La localización resultó suficientemente concreta como para que el Seprona pudiera realizar una inspección y fijar las coordenadas del emplazamiento. La balsa tenía una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados, una de las pocas superficies concretas que aparecen en la documentación judicial.

Una pista de grava lleva hasta la cumbre del cerro levantado para amontonar el derribo de 50 kilómetros de territorio, un promontorio desde el que se divisa uno de los helipuertos construidos para los servicios de emergencia del túnel. El ascenso está cubierto de un mantillo de tierra sobre el que se plantaron matorrales que enmascaran la mole de vertidos. «Mire, el hormigón se agrieta y la fuga de las canicas se filtra hacia los acuíferos y baja hacia las fuentes. Aquí pasta el ganado ¿sabe usted?», lamenta Florentino.

La Unidad Técnica de la Fiscalía centró su análisis en dos tipos de residuos. Por una parte, estaban las dovelas y, por otra, los recipientes con aditivos químicos. Respecto a las dovelas, el informe las consideró residuos inertes. Eso no significa que su enterramiento fuera correcto. El informe admite que las dovelas habían debido gestionarse conforme a la normativa de residuos y que su depósito en un lugar que no reúne las condiciones de un vertedero autorizado supone un incumplimiento administrativo.

La segunda cuestión era más delicada porque los 27 recipientes contenían sustancias peligrosas. La Fiscalía examinó las características de los productos y el lugar donde, según el testimonio, habían sido enterrados. La conclusión fue que la balsa de hormigón actuaba como una superficie impermeabilizada que podía contener eventuales fugas. «Y ahora, dígame qué multa tendría que pagar usted si hiciera una milésima parte de lo que se ha permitido aquí», lamenta Florentino, que hace hincapié en que las constructoras se ahorraron el pago de depositar en la planta de residuos centenares de miles de camiones de desechos. «Los morteros se vertían directamente al río Bernesga. Fueron miles de toneladas. Arrancaban las bombas durante la noche para tirar el sobrante», enfatiza.

La primera inspección relevante del Seprona se realizó el 17 de septiembre de 2018. Los agentes acudieron acompañados por Florentino Rodríguez, que señaló sobre el terreno los lugares en los que afirmaba que se habían producido los enterramientos. En Llanos de Alba, correspondiente al Lote 0, situó restos de hormigón con aditivos, mallas metálicas y plásticos. En Buiza de Gordón señaló el enterramiento de las dovelas y de los 27 recipientes de aditivos. En Folledo, vinculado al Lote 1, señaló depósitos de mortero, cables, tuberías de plástico y PVC.

La investigación también examinó el sistema de vigilancia ambiental previsto por Adif. La entidad explicó que los contratos de obra incorporaban obligaciones específicas para las empresas constructoras en materia de residuos. Las UTE tenían que adoptar las medidas necesarias para gestionar y tratar adecuadamente los materiales generados durante los trabajos y, en el caso de los residuos peligrosos, debían cumplir los requisitos administrativos correspondientes y disponer de gestores autorizados.

Los proyectos incluían además un programa de vigilancia ambiental. Según la información aportada por el administrador de infraestructuras ferroviarias, cada obra disponía de un director ambiental de obra encargado de supervisar las medidas preventivas y correctoras y de comprobar el cumplimiento del programa. Las empresas debían elaborar un manual de buenas prácticas ambientales y cumplimentar un diario ambiental de obra. También estaban previstos controles periódicos destinados a comprobar la existencia de residuos mal almacenados o sin gestionar y la disponibilidad de contenedores adecuados.

Florentino Rodríguez sostiene que los vigilantes de obra de Adif elaboraban informes en cada relevo y acompañaban sus observaciones con fotografías. Según su versión, esos informes llegaban a los responsables de la empresa pública y reflejaban las irregularidades producidas en los tajos. Sin embargo, nunca se resolvió penalmente si los responsables de la vigilancia ambiental conocieron los enterramientos ni qué medidas adoptaron.

El juzgado requirió a Adif la identificación de los responsables del programa de vigilancia de los diferentes tramos, pero el administrador de infraestructuras ferroviarias mantuvo que la responsabilidad operativa de gestionar los residuos correspondía a las empresas contratistas, conforme a los pliegos de prescripciones técnicas.

Asimismo, aseguró que los proyectos de obra no disponían de un capítulo presupuestario específico para los residuos de construcción y demolición. La entidad sostuvo que la obligación de incorporar las medidas necesarias para la gestión de los residuos recaía en las empresas adjudicatarias.

Este periódico ha contactado con uno de los vigilantes del Adif, que reconoce su papel durante toda la obra de la Variante. «No me interesa tener esta conversación», zanja antes de colgar.

A preguntas de este periódico, Adif afirma que todos los depósitos controlados de residuos vinculados a la actuación fueron restaurados e integrados en el entorno de acuerdo con las prescripciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la actuación y los requisitos ambientales exigidos para la ejecución del proyecto. «En cuanto al río Bernesga, no consta ninguna comunicación o aviso emitido por particulares ni por los organismos encargados de la vigilancia ambiental y fluvial, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Duero, los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León u otras entidades competentes», asegura el administrador. Además, asegura que el respeto ambiental y la integración en el entorno forman parte de todos los procesos de las actuaciones de Adif y Adif AV, desde el diseño de los proyectos hasta su ejecución, que siguen estrictos procedimientos ambientales, que incluyen la elaboración y aprobación de un Plan de Gestión Ambiental y un Programa de Vigilancia Ambiental.

La Junta de Castilla y León también intervino en la investigación. El Servicio Territorial de Medio Ambiente inspeccionó los puntos señalados por la Fiscalía y constató las dificultades para localizar los residuos denunciados, ya que las zonas estaban cubiertas y los materiales podían haber sido trasladados. Durante esas actuaciones, los técnicos localizaron además un vertedero ilegal en el municipio de La Pola de Gordón con residuos de construcción y demolición, enseres, colchones y neumáticos.

Vacas con arnés

Valdepuerco en La Gretosa es otro de los puntos calientes de la denuncia. Frente a las oficinas de Adif se levanta un monte de la junta vecinal que se expropió para los trabajos de la Variante y que ahora se ha convertido en una pared vertical por los vertidos de la obra. La cúspide, a la que solo se puede acceder a pie por la inclinación del terreno, sirve de mirador de las dos vertientes tapizadas de escombro. «Esto el Estado no lo puede vender. ¿Para qué lo querría la junta vecinal. Ya me dirán cómo van a pastar las vacas aquí. Ni sujetas con arnés», critica Florentino Rodríguez, que se pregunta además si los técnicos de Adif no vieron desde sus despachos los camiones que tapizaban el territorio de basura.

La documentación judicial recoge también antecedentes de infracciones administrativas relacionadas con las obras de la Variante de Pajares entre 2006 y 2010. El Seprona facilitó al juzgado un listado de actuaciones vinculadas a la Ley de Aguas y a la normativa de residuos. Sin embargo, las diligencias no permiten determinar con precisión cómo terminaron todos aquellos expedientes ni si las infracciones dieron lugar finalmente a sanciones. Uno de los documentos deja constancia de que el expediente no recogía cómo habían concluido aquellas actuaciones.

Este punto generó una discrepancia entre las denuncias y los informes técnicos. Florentino Rodríguez había sostenido que algunos de los lugares donde se produjeron los vertidos se encontraban en áreas con figuras de protección ambiental, entre ellas Reservas de la Biosfera y espacios vinculados a la Red Natura 2000.

La documentación técnica analizada por la Fiscalía, sin embargo, se refería específicamente a la zona de Buiza y establecía que aquel emplazamiento concreto no pertenecía a la Red Natura 2000. La causa no ofrece una delimitación global de todos los puntos denunciados que permita extender automáticamente esa conclusión a cada uno de ellos.

También se mencionaron otros elementos del territorio, como la Cañada Leonesa Real, la Cañada Leonesa Occidental y la Ruta de San Salvador, aunque su inclusión en las denuncias no significó que el informe definitivo de la Fiscalía estableciera que todos los enterramientos hubieran afectado directamente a esos espacios.

La basura en Llanos de Alba

Florentino Rodríguez muestra las fotografías de toda esta siembra de escombros que durante veinte años fueron invisibles para el Estado y que en algunas zonas ya se pueden cosechar. Hay un campo en Llanos de Alba en el que germinan restos de materiales de obra. Cables, tuberías y restos de hormigón son testigos inmóviles del prado que descansa a los pies de la cementera de Tudela Veguín. «Cuando ya no podían verter los restos del lote 2, los cargaron y los llevaron al cielo abierto de la Hullera Vasco Leonesa y cuando se descubrió, los llevaron de vuelta a Buiza para machacarlos y dejarlos en un frente de cantera cerrado de Tudela Veguín en Llanos de Alba y en esta finca», acusa Florentino Rodríguez, que precisa que cuando todo se destapó, la carga se llevó al CTR de Avilés.

Los trabajadores de la Variante con los que ha podido contactar DIARIO DE LEÓN se muestran tajantes. Es el caso de José Manuel, capataz con una ETT —«allí se enterraron dovelas, hormigón, de todo»— o de Daniel, que trabajó cuatro años en los túneles y asegura que allí no se recicló nada. «Del camión al vertedero y hay de todo: aditivo para secar el hormigón, aceites... de todo. Había unos puntos negros donde iban los camiones basculaban y tiraban los desechos». Especifica que la cinta transportadora de la galería cargaba de manera constante tres dúmperes con una capacidad de 40 toneladas cada uno las 24 horas del día. «Habrá toneladas tiradas de filtros de motores, aditivos corrosivos —»si te cae un poco en una mano te la quema»—. Estas empresas avasallan allí por donde van», lamenta.

Ángel Suárez, presidente de la junta vecinal de Llanos de Alba, habla de «desbarajuste total». «Compraron cuatro hectáreas de terreno y allí enterraron miles de litros en cubas que están a 700 metros de las casas del pueblo, donde ahora pastan las vacas. Nosotros nos quejamos desde el principio. Cuando vino Francisco Álvarez Cascos fuimos a Pola a manifestarnos, pero fueron los propios vecinos los que nos echaron. Pensaron que con la obra llegaría camiones de billetes de cien euros y ya ve lo que dejaron», lamenta.

Manuel trabajó para una subcontrata de Acciona en el lote 1 y asegura que aquello era un estercolero de cemento y hormigón... «Todo lo que se picaba acababa allí. Yo puedo asegurar que al vertedero no fue nada», afirma. Manuel tampoco vio vigilantes de Adif. «Allí había demasiado polvo para ellos», ironiza al tiempo que rememora cómo trituraban lonas de ventilación y las dovelas. «De cada galería podían salir dos o tres camiones cada hora. Allí se hizo una montaña y se tapó. Fue un descalabro medioambiental».

Dovelas en el Bernesga

David picaba las dovelas y las enterraba. «Las que no sabían dónde tirarlas las echaban en el río Bernesga. Aún puede verlas en Alija de Ribera. Yo mismo llené más de cien camiones de tres ejes en dos meses y cada camión podía cargar al menos una tonelada. Los vigilantes solo se preocupaban de que los ladrones no se llevaran el hierro. Lo demás daba igual».

La prueba del delito continúa en el río. Las dovelas, algunas de más de doce toneladas, pueden verse en medio del cauce sin que Confederación ni el ayuntamiento hayan hecho nada para retirarlas. A pesar de todo ello, y tras estudiar las inspecciones de la Guardia Civil, las características de los materiales, las condiciones del terreno y la información disponible sobre la antigua balsa, la Unidad Técnica concluyó que no se había acreditado un riesgo de grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales ni para la salud de las personas. El informe definitivo fue firmado el 10 de septiembre de 2021. Un mes después, el 15 de octubre, se dictaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

La decisión cerró la investigación penal, pero lo hizo sobre una distinción que resulta esencial para entender el caso. El juzgado no declaró que la gestión de los residuos hubiera sido conforme con la normativa sino que las pruebas reunidas no permitían alcanzar el nivel de gravedad requerido por el Código Penal para considerar acreditado un delito contra el medio ambiente.

Así, las aproximadamente 1.500 dovelas quedaron definidas en el informe fiscal como residuos inertes cuyo enterramiento podía constituir una infracción administrativa, pero sin que se hubiera acreditado una contaminación grave. Y los 27 recipientes con productos químicos quedaron vinculados a un emplazamiento que, según la pericial, ofrecía una capacidad de contención suficiente para impedir que una eventual fuga generase el tipo de daño ambiental exigido para la vía penal.

Quedó sin determinar una cuestión fundamental para dimensionar el fenómeno: cuál fue exactamente la superficie total ocupada por los vertederos y depósitos investigados. La documentación únicamente aporta la referencia aproximada de los 1.600 metros cuadrados correspondientes a la antigua balsa de Buiza. No existe en las diligencias una medición global de todos los terrenos en los que, según las denuncias, se habrían enterrado residuos.

El archivo reconoce la posible existencia de incumplimientos administrativos y traslada al ámbito de la administración la responsabilidad de determinar si aquellos hechos debían ser sancionados.

Es precisamente ahí donde la historia de los vertederos de la Variante de Pajares adquiere una dimensión que va más allá del archivo de unas diligencias. La obra contaba con diarios ambientales, manuales de buenas prácticas, directores ambientales y controles periódicos; sin embargo, las denuncias sostuvieron que existían enterramientos que esos mecanismos no habían impedido. La Guardia Civil investigó varios puntos, la Junta abrió actuaciones y el juzgado llegó a pedir información sobre los responsables de la vigilancia ambiental. El sistema de control existía sobre el papel, pero no pudo determinarse judicialmente hasta qué punto funcionó sobre el terreno. Y mientras esa discusión se desarrollaba, los residuos denunciados quedaron bajo tierra. La historia judicial de los vertederos de la Variante de Pajares concluyó en 2021, pero los desechos siguen en el territorio. Uno de los ingenieros con los que ha podido hablar DIARIO DE LEÓN se muestra taxativo sobre lo que ocurrió: «Se primó la velocidad. Esa obra nunca debió realizarse y se hizo fue por la cabezonería de Francisco Álvarez Cascos», lamenta. A su juicio, existía una alternativa por otra zona de la montaña que habría reducido la longitud de la infraestructura y los problemas hidrogeológicos. Su argumento es que el trazado elegido atravesaba una zona con numerosos acuíferos. Afirma que los estudios que manejó durante su trabajo identificaban 22 acuíferos afectados y que las características hidrogeológicas del territorio eran sobradamente conocidas antes de acometer la obra. «Lo sabía todo el mundo», sostiene. El ingeniero considera que una alternativa por el entorno de San Isidro y los valles del norte de León habría permitido un recorrido más corto y con menores dificultades relacionadas con el agua. Habla de una solución que, en su opinión, habría evitado buena parte de los problemas y habría permitido una pendiente más suave hacia Asturias. La cuestión más delicada aparece cuando habla de lo que quedó detrás de las dovelas. Asegura que en algunos puntos no se introdujo suficiente material para rellenar el espacio entre el revestimiento y la montaña, por lo que hubo que dejar huecos. «Durante una perforación para realizar inyecciones, una herramienta atravesó una dovela y se encontró con uno de esos vacíos. La pieza llegó a desplazarse hacia el hueco y estuvo cerca de provocar un accidente», recuerda. El ingeniero no considera que exista ahora mismo un peligro inmediato en el túnel y asegura que las soluciones adoptadas durante la obra funcionaron. Su preocupación está en el largo plazo y considera que el desgaste o la erosión podrían ampliar los huecos existentes detrás del revestimiento y comprometer algún día su estabilidad.

Bajo el monte que guarece Buiza de los vientos del norte fueron enterradas unas 1.500 dovelas de hormigón y 27.000 litros de productos tóxicos