Diario de León

La costa española, un paraíso para los cazatesoros furtivos El Gobierno toma medidas ante la sospecha de expolio

Cientos de pecios o fragmentos de naves naufragadas, muchos de ellos de alto valor arqueológico y económico, permanecen hundidos en el mar a lo largo de toda la costa española expuestos a los cazatesoros, que aprovechan la difícil vigilancia de

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CARMEN PLANELLES | texto
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Arqueólogos encargados de inventariar, conservar y catalogar el patrimonio arqueológico subacuático de diferentes comunidades autónomas, consultados ofrecen datos que avalan la tesis de que España es el país con más riqueza patrimonial marítima del mundo. En el siglo XVI España fue un país volcado al mar, con flotas permanentes en todos los océanos del mundo, con barcos que hacían un circuito comercial mundial desde la China, desde Filipinas pasando por México y que llegaba a Europa y eso en base a barcos y marinos españoles. Así se expresa el arqueólogo Miguel San Claudio, a quien la Xunta de Galicia ha encargado el inventario del patrimonio en sus costas y que en la actualidad hace una prospección en el parque nacional de las Islas Atlánticas, desde donde mantuvo conversación telefónica para este reportaje. «Las autoridades españolas encargadas de velar por el patrimonio no hacen sus deberes. Se sabe donde están cada uno de los pecios, todo está en la literatura, no hay más que leer, y sin embargo no se toma ninguna medida para protegerlo», afirma. Cuando ocurren hechos como la reciente extracción submarina de la empresa norteamericana Odyssey «nos llevamos las manos a la cabeza», pero ahora mismo «la vigilancia es prácticamente cero, no hay un estamento que se dedique a velar por la protección del patrimonio subacuático». En los años setenta -afirma- se habló de elaborar la carta arqueológica de España pero «no se ha dado ni un paso. Las comunidades empiezan a hacer sus inventarios, porque el patrimonio es de su competencia, pero son trabajos inconexos, de comunidades aisladas. Evitar la acción de los cazatesoros le corresponde al Estado». Difícil vigilancia Carmen García de Rivera, coordinadora del centro de arqueología subcuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico afirma que se está trabajando en establecer sistemas más eficaces. La guardia civil está cada vez más involucrada pero es difícil -añade- porque «la vigilancia individualizada de todos los yacimientos es poco menos que imposible». En los últimos diez años a su juicio ha aumentado la conciencia de los buceadores deportivos, y de hecho en la operación Bahía-Geminis (febrero del 2006) las primeras noticias de que se estaban produciendo movimientos de barcos extraños vinieron de clubes de buceo. «Esta desapareciendo el viejo concepto de que lo que me encuentro abandonado en el mar es mío», agregó. En esta idea coincide Enriqueta Vento, técnico arqueólogo de la dirección general del patrimonio de la Generalitat Valenciana quien afirma que vigilar los expolios «es competencia estatal» y añade que «podemos ser optimistas en cuanto a la concienciación cada vez mayor de los ciudadanos y la excelente cooperación que existe en esta materia con los cuerpos de Seguridad del Estado. Arqueología contra tesoros Pero, ¿qué es lo que hay que proteger? ¿qué tesoros albergan esos pecios hundidos?. Los arqueólogos consultados coinciden en que su prioridad es de investigación científica lejos del codiciado valor monetario que mueve a los cazatesoros. García de Rivera asegura que cuantificar la carga económica no es su objetivo: «No quiero hablar de arqueología en términos de oro y plata. No analizo el objeto sino la información que me proporciona el objeto. Nuestro interés es cuantificar el valor o la información que ese pecio pueda proporcionar». Un ánfora -asegura- puede tener mucho más valor histórico arqueológico que cualquier carga monetaria de un buque, dice García de Rivera, para quien hablar de si un barco lleva más o menos oro «es simplificar en una historia de corsarios y piratas toda una disciplina científica que es recuperar información histórica permanece a todos». La reflotación de los pecios como método para protegerlos de posibles expolios »es otro concepto no arqueológico«, dice García de Rivera. »No se trata de recuperar piezas, quiero saber que están ahí para establecer métodos de conservación y protección«. Un vez estudiado, analizado y documentado el pecio, se puede plantear si, garantizando su conservación, es conveniente reflotarlo para su exposición o no, explica. «El pecio -según la experta- en el medio en el que está generalmente llega a un equilibrio y lo que está tapado se conserva y lleva un deterioro muy paulatino. Yo no puedo acelerar ese deterioro por empecinarme en extraer cosas». Coincide en este análisis Enriqueta Vento para quien en Arqueología »no empleamos el concepto de «tesoro» sino el de «documento histórico». «El valor de mercado no es nuestra competencia», agrega. Xavier Nieto, director del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, opina también que «no entra en nuestro programa extraer tesoros ya que nuestras prioridades son de investigación científica». Para Miguel San Claudio, nadie puede asegurar ninguna cifra para valorar el patrimonio hundido porque ha habido expolios y algunos no conocidos y por otra lado, las cargas que declaraban lo buques casi nunca eran ciertas. «Hay muchas variables que impiden fijar un precio, pero son muy elevados, estamos hablando de mucho dinero. Prueba de ellos es la actividad de los cazatesoros», sentencia. El valor económico es el de los metales preciosos, aunque a veces hay barcos cargados de cerámicas valiosas. «Un ánfora -dice- se puede cotizar entre las 200.000 y 300.000 antiguas pesetas. El Mediterráneo está plagado y muchos pecios están expoliados», agrega. San Claudio está convencido de que el Odyssey extrajo la carga valorada en 373 millones de euros de un barco español «tengo la absoluta seguridad de qué barco es y donde se hundió», afirma aunque declina dar más datos. |||| La orden de apresamiento y registro de los dos buques de la empresa Odyssey , dictada esta semana por una juez de Cádiz, se suma a las medidas que las autoridades españolas han adoptado durante las últimas semanas para averiguar si esta empresa estadounidense ha cometido un delito de expolio del patrimonio. Cuando los barcos Odyssey Explorer y el Ocean Alert , que permanecen atracados en Gibraltar, entren en aguas jurisdiccionales españolas deberán ser conducidos a un puerto para que sus bodegas sean inspeccionadas, según comunicaron fuentes cercanas a la investigación. Una medida para la que el Ministerio de Cultura ha pedido la colaboración de la Armada Española, según anunció la titular de este departamento, Carmen Calvo, quien se puso en contacto con el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, para solicitar la colaboración de la Armada en caso de que la Guardia Civil lo precise. «Ventilaremos hasta el último de nuestros intereses jurídicos para que si ese patrimonio es español y ha sido expoliado, vuelva a España. Que no le quede a nadie la menor duda», anunció la ministra de Cultura, Carmen Calvo ante la posibilidad de que el último hallazgo del Odyssey , bautizado como Cisne Negro y valorado en 370 millones de euros, se hubiera realizado de forma ilegal. Supuesta evasión camuflada Horas después de que la empresa Odyssey comunicara el pasado 16 de mayo el hallazgo del que sería el más importante tesoro submarino de la historia -y que situó en un punto incierto del Atlántico-, el departamento de Cultura alertó a la Guardia Civil del Mar para que investigara si los dos barcos que Odyssey tiene en el Estrecho de Gibraltar navegaron durante las últimas semanas por aguas españolas y si realizaron algún trabajo en el subsuelo, algo que al parecer se podría confirmar con el sistema de seguimiento vía satélite que se realiza sobre los buques. Por otro lado, el Gobierno pidió a los Gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos información sobre el vuelo Gibraltar-Tampa (Florida), fletado por Odyssey y que trasladó el botín a suelo americano, así como la identidad, bandera y contenido del buque del que se extrajo el tesoro, información que la empresa aún no ha facilitado. Mientras se obtienen las pruebas necesarias, Cultura también ha contratado los servicios del abogado estadounidense James Goold, quien presentó el pasado 30 de mayo una demanda ante un tribunal federal de Tampa para reclamar lo que le corresponda a España de este importante tesoro, si el buque en el que fue encontrado fuese definitivamente español.

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