Treinta años de desencuentros entre la Iglesia y el Estado

Las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Católica han estado salpicadas de desencuentros en los últimos 30 años, aunque desde la victoria socialista en 2004 muchas han sido las cuestiones condenadas por la jerarquía eclesiástica. El paradigma de este conflicto se ha visualizado a finales del pasado año, con la asistencia de cuarenta obispos a una multitudinaria concentración en Madrid bajo el lema «Por la familia cristiana», en la que los cardenales Antonio María Rouco y Agustín García-Gasco lanzaron duras críticas contra el Ejecutivo. En la protesta se sostuvo que los ataques a la familia no respetan la Constitución y conducen «a la disolución de la democracia», y que «la cultura del laicismo radical es un fraude». Esto motivó una respuesta del PSOE, que recordó a la Iglesia que es la sociedad, a través de sus representantes, la que ordena los principios de libertad individual y convivencia. El propio Benedicto XVI ha reiterado que existen «ataques preocupantes» a la familia tradicional, días después de haber saludado a los participantes en el acto «Por la familia cristiana». Los prelados han criticado en algunas cartas pastorales medidas aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que consideran contrarias al espíritu del Evangelio, tales como el divorcio exprés, el matrimonio homosexual o la experimentación con embriones. Pese a que en noviembre de 2004 el cardenal Rouco ofreció un diálogo condicionado a la defensa de los valores cristianos, los choques ideológicos se repitieron a lo largo del siguiente año. Especialmente conflictivas fueron la Ley que denomina matrimonio a la unión de dos homosexuales y la Ley Orgánica de Educación (LOE), que llevaron a los obispos, en un gesto hasta entonces inusual, a manifestarse en la calle. La elección en 2005 del obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, como nuevo presidente de la CEE, en sustitución de Antonio María Rouco, y la posterior entrevista con Rodríguez Zapatero dejó abierta la esperanza a un diálogo fluido. En aquella reunión, celebrada el 5 de abril -tres días después del fallecimiento del anterior pontífice, Juan Pablo II-, se hizo público un comunicado conjunto en el que se destacó el «ambiente de cordialidad». La Santa Sede no estuvo tampoco al margen de la polémica, hasta el punto de que el mismo Juan Pablo II denunció que en España se estaba difundiendo el laicismo y la indiferencia religiosa. El discurso del Papa hizo que el Ministerio de Asuntos Exteriores llamara a consulta al Nuncio en España, Manuel Monteiro, para expresarle «la sorpresa» por las palabras de Juan Pablo II, que se consideraron una injerencia en la actuación del Ejecutivo. Tanto es así que la CEE no esperó al encuentro entre Rodríguez Zapatero y Blázquez para responder con contundencia al anteproyecto de LOE, presentado por la entonces ministra María Jesús San Segundo. También el año 2006 estuvo marcado por la polémica entre políticos y clero sobre la LOE y la clonación, tanto reproductiva como terapéutica, pese a que Gobierno e Iglesia firmaron un acuerdo sobre su modelo de financiación En marzo de 2007, en la nota «Por una cultura de la vida», los obispos acusaban a la Administración de fomentar la promiscuidad sexual y de crear leyes que no protegen la vida. Ese año, cuando finalizaba el curso académico, el episcopado español se pronunciaba contrario a la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que recoge la LOE, y que entró en vigor en el curso 2007-2008. La nueva materia, imprescindible para obtener la titulación correspondiente, servirá, según la CEE, para «formar la conciencia moral de los alumnos» y contra ella se puede recurrir «a todos los medios legítimos» sin excluir la objeción de conciencia.