El incordio de las primarias

El anuncio del concejal madrileño Íñigo Henríquez de Luna de que presentará una enmienda a la ponencia de Estatutos del partido para que el candidato a la jefatura del Ejecutivo se elija mediante el sistema de primarias no ha sido bien acogido en el PP. La mayoría de los dirigentes autonómicos del partido se han mostrado contrarios y ha sido la presidenta madrileña y del partido en esta Comunidad, Esperanza Aguirre, ha adelantado que estudiará «con mucho cariño» esa enmienda. El sistema de primarias fue introducido por vez primera en España por el PSOE -en su 34.º Congreso Federal en 1997-, y a Izquierda Unida llegó en noviembre del año pasado, cuando tras 21 años de historia, la coalición eligió a su candidato a presidente del Gobierno, Gaspar Llamazares, en unas elecciones internas en las que perdió la candidatura alternativa liderada por Marga Sanz. Llamazares manifestó que con este proceso -que consistió en una consulta interna realizada por correo lo que provocó el descontento del PCE- comenzaba una «renovación interna» de la formación y una «refundación de la izquierda española». Esa misma renovación fue el reto del 34.º Congreso del PSOE de 1997 bajo el lema La respuesta progresista y tras la derrota electoral del 3 de marzo de 1996 que les apartó del poder, después de casi catorce años en el Gobierno. La renuncia de Felipe González a continuar en la secretaria general, anunciada por sorpresa en la jornada inaugural, puso a los 945 delegados socialistas ante la responsabilidad de encontrar un sustituto al que había sido su líder durante 23 años. El portavoz parlamentario del PSOE, Joaquín Almunia, logró el apoyo del aparato y de la mayoría de los barones, y se convirtió así en la persona que sustituyó a González en la Secretaria General de los socialistas. El proceso de primarias comenzó a fraguarse en este Congreso, al incorporarse a la ponencia marco una enmienda que introducía la posibilidad de designar a los alcaldes por este procedimiento. Fue Almunia quien planteó posteriormente al Comité Federal extender esta iniciativa a la designación del candidato a la Presidencia del Gobierno, y esta posibilidad cobró fuerza al anunciar el dirigente del PSC Josep Borrell que aspiraba a encabezar el cartel electoral. El procedimiento quedó definitivamente aprobado en el Comité Federal del 21 de marzo de 1998, en el que se dio luz verde al reglamento para las elecciones primarias de los cargos públicos en el caso de que hubiera más de un candidato, y se redujo el porcentaje de firmas requeridas inicialmente para avalar una candidatura. El Partido Socialista del País Vasco fue el primero que puso en práctica as primarias, y en la jornada electoral del 14 de marzo ratificó mediante este sistema al entonces secretario general, Nicolás Redondo Terreros, como candidato a lehendakari, frente a Rosa Díez. El 24 de abril de 1998, los 383.462 militantes del PSOE fueron convocados para elegir al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. Al día siguiente y contra todo pronóstico, Josep Borrell se proclamó candidato. Venció al otro aspirante, Almunia, quien sólo ganó en las Comunidades de Andalucía, País Vasco y Castilla-La Mancha. Cohabitación socialista Ambos dirigentes tuvieron que pactar el reparto de poder en el PSOE ante una situación que no tenía precedentes en la historia del partido: el secretario general -Almunia- no era el candidato. Lo hicieron en una semana y después de que Almunia renunciara a presentar su dimisión como secretario general, como había anunciado que haría si perdía las primarias. La Comisión Ejecutiva ratificó el acuerdo entre ambos líderes, según el cual al candidato le correspondía el liderazgo y la coordinación de los trabajos del programa electoral; y el secretario general mantenía las funciones de dirección del Partido, además de la interlocución con el Gobierno. Borrell renunció el 14 de mayo de 1999 a ser candidato, a consecuencia del caso Huguet-Aguiar y para no dañar la imagen del partido ante las elecciones que se iban a celebrar el 13 de junio. El Comité Federal acordó por unanimidad que el nuevo candidato no fuera elegido en primarias, sino propuesto por los 33 miembros de la Comisión Ejecutiva y refrendado por el Comité Federal. El perdedor de las primarias, Joaquín Almunia, pasaba a ser el candidato, en este caso respaldado por el Comité Federal. Terminaba así la situación inédita que había vivido el PSOE y que el PP denominó «la bicefalia socialista».