El pleno municipal de Vic apoya la negativa a empadronar a «sin papeles»
La medida contó con los votos favorables de CiU, PSC y ERC, pero el alcalde opta por aplazar su aplicación hasta el mes de febrero tras la polémica surgida
El alcalde Josep Maria Vila, a la izquierda, durante la celebración del pleno.
El alcalde de Vic seguirá adelante con su polémica decisión de negar el padrón a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. El ayuntamiento de la población barcelonesa celebró este miércoles un pleno municipal, en el que el alcalde, Josep Maria Vila d-™Abadal, de CiU, insistió en defender la legalidad de la medida, a pesar del rechazo que ha recibido desde el Gobierno central, los sindicatos y las organizaciones sociales y cívicas.
Vila d-™Abadal, no obstante, anunció que los nuevos criterios de empadronamiento de inmigrantes, que deberán estar en situación legal y con permiso de residencia para inscribirse en el municipio catalán, no se aplicarán hasta el 4 de febrero. Un día antes, el consistorio celebrará un nuevo pleno, en el que podrían introducirse cambios en el controvertido proyecto, tachado de ilegal e incluso xenófobo. El alcalde dijo, en cambio, que pone orden, avanza en la integración de la inmigración y pone a las personas inmigradas dentro de la comunidad.
Hasta la fecha, el acuerdo entre las tres formaciones que forman el equipo de gobierno de Vic, CiU, ERC y PSC, es total, si bien este miércoles el portavoz de los socialistas, Josep Burgayó, dejó entrever un cierto distanciamiento. «Si una instancia superior al ayuntamiento determina que la medida es ilegal, estamos dispuestos a retirarla», dijo. Quien no lo hará es Josep Anglada, concejal de la Plataforma per Catalunya (PxC), formación de ultraderecha y que es la segunda fuerza por número de votos y ediles, cuatro, en Vic. «Esta medida la celebramos porque nosotros lo hemos dicho siempre, los inmigrantes ilegales no deben tener derecho a ningún tipo de ayuda social, ya sea sanitaria o de escolarización», señaló. Y concluyó: «Porque la inmigración ilegal no nos aporta nada bueno ni a nuestra ciudad ni a nuestro país. Al contrario, el inmigrante ilegal nos aporta más gasto social y más delincuencia en las calles».
Mientras, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, confió ayer en que «se podrá reconducir» la decisión del Ayuntamiento de Vic, de modo que finalmente éstos vean reconocidos sus derechos. Bravo aseguró que «cualquier disposición que limite un derecho fundamental lógicamente va a tener mal acomodo en el Estado de Derecho».