Un leonés paga un 133% más por pasar la ITV al coche que un conductor asturiano
La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Castilla y León se ha convertido en la segunda más cara de toda España, desde que fuera privatizada por parte de la Junta a mediados de los años 90. Según los datos que arrojan las 17 ITV del país, pasar la revisión de un vehículo en León es un 133% más caro que en Asturias o en Navarra, donde existen precios unitarios para todo tipo de vehículos (23,80 euros en el Principado y 26,45 en Navarra). En León, sin embargo, llevar un turismo diesel requiere el pago de 55,52 euros, sólo por debajo de lo que paga un valenciano (60,61 euros). «Que sea de las más caras de España resulta lamentable», denunció el secretario provincial de la FSP-UGT en León, Nicolás Sanz. El sindicalista subrayó que, en comparación con el resto de territorios, León supera también la media nacional en cinco euros.
Varias iniciativas parlamentarias tramitadas en las Cortes de Castilla y León para reducir la tasa de la ITV o para preguntar las razones por la que ésta es una de las más caras del país han caído en saco roto. El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, argumentó en su día que la ITV tiene en Castilla y León tan alto precio por la dispersión del territorio. El consejero resolvió que no podía hacer mucho por rebajar los precios al tratarse de concesiones privadas, pero recalcó que es un servicio cercano para el usuario. De la misma manera, dijo que la ITV debían pagarla «quienes tienen vehículo, no el resto de ciudadanos a través de sus impuestos».
Lo cierto es que desde que en 1994 se planteara la privatización de estas instalaciones, el precio de la tasa se ha cuadriplicado. Empezó ese año con un valor de 12 euros (2.000 pesetas de entonces). En muy pocos meses pasó a 30 euros y así sucesivamente hasta los 55,52 euros que se paga hoy por revisar un diesel, los 45,85 por un vehículo de gasolina con catalizador o los 35,12 euros por un coche sin catalizador.
Nicolás Sanz propone a los grupos de la oposición en las Cortes autonómicas que presenten una iniciativa parlamentaria para que se conozca el rendimiento real de las ITV. «No tiene sentido que ese servicio se pueda prestar con adjudicaciones».