Diario de León

Blanco llama «caradura» a Rajoy por censurar los actos en favor de Garzón

Cospedal asegura que la participación de algún miembro del Gobierno en las acciones contra el procesamiento del juez «pone en riesgo la democracia»

Blanco valoró la situación sobre el caso Garzón en un acto político en Fuenlabrada.

Blanco valoró la situación sobre el caso Garzón en un acto político en Fuenlabrada.

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P. heras/j.v. muñoz | madrid
León

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La causa abierta por el juez Luciano Varela contra Baltasar Garzón se ha convertido en munición política para los dos grandes partidos. El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, acusó ayer a Mariano Rajoy de «hipocresía», «cinismo» y «caradura» por haber tildado las manifestaciones a favor del magistrado de la Audiencia Nacional, y contra la impunidad del franquismo, de antidemocráticas.

El resurgir de movimientos favorables a la recuperación de la memoria histórica o partidarios, incluso, de revisar el pasado ha situado al Gobierno ante una tesitura difícil. No contaba con que el debate sobre las culpas de la dictadura volviera a abrirse en esta legislatura, tras haber arrastrado los pies tres largos años -"del 2004 a finales del 2007-" para aprobar una norma que la izquierda consideró insuficiente y la derecha innecesaria. La denuncia de Falange y la consideración de Varela han cambiado el escenario.

Los socialistas se mueven ahora entre la satisfacción de ver cómo, después de varios meses de desánimo, el electorado de izquierdas se moviliza por algo ajeno a la crisis económica, por un lado, y el temor a una fractura social a cuenta de un tema delicado en el que muchos no desean hurgar, por otro. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ya dejó claro el pasado viernes que no se plantea una reforma de la Ley de Amnistía.

Fondo de la cuestión. Blanco, en un mitin en Fuenlabrada junto al secretario general del PSOE de Madrid Tomás Gómez, evitó así entrar en el fondo de la cuestión, pero no renunció a navegar sobre la espuma de la polémica para replicar las palabras del líder del PP que, 24 horas antes, había enmarcado las marchas pro Garzón en una «campaña brutal» de presión al poder judicial. El número dos de los socialistas acusó a Rajoy de dar el marchamo de democráticas tan sólo a las manifestaciones en las participan «él y su gente» -"como la organizada contra la decisión del Supremo de acortar la pena al etarra Juan Ignacio de Juan Chaos, en huelga de hambre-" y denunció que se erija en defensor de la independencia judicial quien «ataca a jueces, policías y fiscales cuando les aprieta el zapato», es decir, cuando es objeto de investigación judicial, como en el caso Gürtel.

Si el jefe de la oposición arremetió contra Zapatero por permitir en silencio que dirigentes de su partido o miembros del Gobierno hayan participado en los actos de repulsa a la actuación del Supremo, Blanco contraatacó responsabilizando al PP de «dar oxígeno» y «jalear» a los falangistas, toda vez que fueron las denuncias de Falange y Manos Limpias las que han llevado a Varela a instruir una causa por prevaricación contra Garzón.

El ministro de Fomento no sólo replicó a Rajoy. También hizo frente a las palabras de la secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, que, en un acto en Toledo, volvió a reiterar que «algunas actitudes de personas muy destacadas del Gobierno están poniendo en riesgo a la democracia».

Tampoco los populares han querido entrar hasta ahora en el debate subyacente a este episodio: el de si ha llegado la hora de revisar judicialmente los crímenes cometidos en los prolegómenos de la guerra civil, durante la contienda y en el franquismo. Pero Cospedal sí achacó al PSOE un intento de «reabrir las viejas heridas» y alertó de lo «peligroso» de la actitud de miembros del Ejecutivo o del partido gubernamental que, como el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, han participado a título personal en actos contra la actuación de Varela.

«Zapatero, en vez de callarse y alentar este tipo de actitudes -"reiteró-" debería obrar en defensa de la democracia, de la división de poderes, de la igualdad de todos los españoles y de las instituciones españolas».

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