Exteriores avala la marcha de Garzón y pone en un brete al Poder Judicial

La decisión de suspender a Baltasar Garzón se juega hasta el último minuto. El Gobierno avaló ayer en tiempo récord el traslado del juez al Tribunal Penal Internacional y dejó en manos del Consejo General del Poder Judicial la última palabra sobre su situación. El pleno extraordinario de hoy resolverá el entuerto, aunque la apertura de juicio oral contra el juez decretado por el Tribunal Supremo debería apartarle de la carrera de forma automática.

Sin embargo, el último resquicio de Garzón para evitar su suspensión, al menos hasta que el Supremo le juzgue por prevaricación y emita una sentencia condenatoria, depende de que el propio pleno o la comisión permanente del Consejo, que se podría reunir de urgencia, decida aceptar antes su solicitud para irse a la corte de La Haya.

Voces mayoritarias. En el Consejo del Poder Judicial, empero, los vocales partidarios de apartarlo y de rechazar su salida al tribunal internacional son mayoritarios. Y no sólo en el sector conservador, que este miércoles activó la maquinaria para forzar la convocatoria de un pleno urgente para suspender a Garzón, sino también entre una parte del sector progresista, que considera que con la ley en la mano ya no hay vuelta atrás para el juez, más si cabe después de que el Supremo decidiera sentarlo en el banquillo de los acusados por su investigación de los crímenes del franquismo.

En el lado opuesto, los vocales que consideran que el Consejo debería resolver primero la petición de Garzón antes de suspenderlo son minoritarios, si bien este jueves intentaron presionar al presidente de la institución, Carlos Dívar, para que convocara una reunión extraordinaria de la comisión permanente antes de la celebración del pleno o, en su defecto, para que este asunto se incluya en el orden del día de la sesión.

Las fuentes consultadas se muestran «pesimistas» ante esta posibilidad por los escasos apoyos que suscita.