La Generalitat pide al Constitucional que no dicte sentencia sobre el Estatut
El Constitucional convoca un pleno el miércoles para debatir el sexto borrador del fallo en una cita en la que el Gobierno catalán espera que sólo se delibere
Joan Saura, Carod Rovira y Montilla en una de las últimas reuniones sobre el Estatut.
La Generalitat de Cataluña solicitó al Tribunal Constitucional que no dicte sentencia sobre el Estatut en el pleno que ha convocado para el próximo miércoles. Una petición a la que se sumó la totalidad de las fuerzas políticas catalanas, con la excepción del PP, que cree que el fallo debe conocerse cuanto antes. Ese día, los diez magistrados deliberarán sobre el sexto borrador que ha elaborado el nuevo ponente, el vicepresidente de la institución Guillermo Jiménez, elegido a propuesta del partido opositor.
Mientras los partidos catalanes se reúnen y discuten qué estrategia es la mejor para forzar una renovación de los magistrados del Constitucional con mandato vencido, la corte les ganó por la mano. Los magistrados se reunirán en pleno el 19 de mayo para ver si a la sexta es la vencida y resuelven el recurso que presentó el PP hace tres años y medio contra 125 apartados del nuevo marco de autogobierno de Cataluña. En caso de que en esta ocasión el ponente sea capaz de reunir una mayoría, el fallo será mucho más restrictivo contra el Estatut y se llevará por delante muchos más artículos que los que el quinto borrador declaraba inconstitucionales e interpretables.
Tiempos. Jiménez ha trabajado contrarreloj ya que ha tardado menos de un mes en tener lista una nueva ponencia. El magistrado entregó el pasado lunes a sus compañeros el proyecto, y a lo largo de esta semana han intercambiado puntos de vista. La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, en vista de que hay posibilidades de consenso en torno a este borrador, decidió convocar el pleno.
El Constitucional rechazó el 16 de abril el proyecto de fallo que presentó la progresista Elisa Pérez por seis votos a cuatro.
Aquel texto declaraba ajustado a la Constitución en torno al 85% de la ley, anulaba cerca de 15 artículos y disposiciones, y hacía una reinterpretación de otros 25. Fuentes conocedoras de los debates indicaron que el nuevo borrador mantiene ese diagnóstico y añade nuevos preceptos inconstitucionales. En concreto, invalida todo el aparato de símbolos nacionales de Cataluña, que en el anterior se salvaron de la quema.
El reto del nuevo ponente es construir una mayoría con los tres magistrados del sector más conservador, partidario de anular la mayor parte del Estatut, el conservador moderado Ramón Rodríguez Arribas, y el progresista Manuel Aragón, que sumados a su voto reúnen la mayoría suficiente para dictar sentencia.