El Poder Judicial suspende al juez Garzón y congela su marcha a La Haya

El Consejo General del Poder Judicial decidió ayer por unanimidad suspender de sus funciones al juez Baltasar Garzón después de que el Tribunal Supremo decidiera juzgarle por presunta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo. El órgano de gobierno de los jueces aparta al instructor de forma temporal de la carrera hasta que el Supremo no emita una sentencia por la causa de la memoria histórica. Si es condenatoria quedaría inhabilitado, si es absolutoria podría regresar a la Audiencia Nacional. La suspensión de Garzón aplaza, asimismo, su petición de traslado al Tribunal Penal Internacional. El Consejo ha pedido nuevos informes al Gobierno, a la corte de La Haya y al Supremo dada la nueva situación procesal del juez.

El Consejo acordó su suspensión cautelar con la ley en la mano: «Un juez que va a ser enjuiciado no puede seguir en activo», viene a decir la normativa del Poder Judicial. Esta decisión emborronaría el prestigio de cualquier magistrado, pero en el caso de Garzón el gobierno de los jueces aún busca una solución salomónica para salvaguardar el prestigio de un magistrado, que, con sus defectos, goza de amplio reconocimiento social.

Ya lo anticipó el presidente del Consejo, Carlos Dívar, antes de reunirse el pleno extraordinario que acordaría la suspensión del juez. «Es muy importante que cuando todos pretenden tener la razón se intente acortar distancias para llegar a soluciones satisfactorias para todos», afirmó. Unas palabras que, claro está, se referían a la situación de Garzón y adelantaban lo que ocurriría horas después. Primero en el pleno y luego en la comisión permanente convocada de urgencia por la tarde para resolver su petición de traslado a la corte internacional.

En el pleno extraordinario sólo había un punto del orden día: la votación de la suspensión de Garzón. Pero el debate se alargó más de dos horas.