Varela y el sector conservador forzaron la caída de Garzón

Martes, dos de la tarde, los teléfonos del Tribunal Supremo echan humo. Se acaba de conocer que Baltasar Garzón ha pedido su traslado al Tribunal Penal Internacional. El juez quiere evitar la humillación de que el Consejo General del Poder Judicial le suspenda de sus funciones. Busca una salida digna antes de que el magistrado Luciano Varela decrete la apertura de juicio oral contra él por investigar los crímenes del franquismo. Una decisión que parece inminente y que conlleva, de forma automática, su abandono temporal de la Audiencia Nacional.

El último órdago de Garzón llega vía telefónica al despacho de Varela. El magistrado del Supremo tiene la sartén por el mango y se pone manos a la obra para desbaratar la estrategia de su acusado. Un año después de hacerse cargo del proceso había llegado la hora de dar la estocada al juez estrella. Y que mejor momento que éste: con Garzón buscando una rama a la que agarrarse antes que caer al abismo de la suspensión, una deshonra para cualquiera que imparta justicia.

Varela se pone a escribir y a escribir. Es martes por la tarde y tiene una larga noche por delante. Si los tiempos de la justicia son por regla natural pausados, el magistrado desmonta el mito en un pis pas. A primera hora del miércoles y en menos de 24 horas, dicta siete resoluciones, cuatro autos y tres providencias, un hecho nunca antes visto. En una de las resoluciones decreta la apertura de juicio contra Garzón y con el resto finiquita los cabos sueltos del proceso.

La misma mañana del miércoles el Supremo notifica la decisión al Consejo, que inicia el trámite de suspensión. Siete vocales conservadores fuerzan al presidente, Carlos Dívar, a convocar para el viernes el pleno extraordinario decidirá apartar al instructor. Ello, pese a que el pleno ordinario estaba fijado para el 19 de mayo, pero esa fecha hubiera permitido que se resolviera primero la solicitud de Garzón de irse a La Haya.

Coincidencias. Curiosamente, la maniobra de estos vocales coincidió con la decisión del Supremo de reabrir el caso de los trajes de Francisco Camps. A nadie escapa que Garzón fue el primer instructor del caso Gürtel, que ha salpicado a altos cargos del PP en Madrid y Valencia, por lo que muchos pensaban que el partido conservador no iba a permitir la salida del juez sin castigarle antes.

En el Consejo, los móviles de los vocales ya no echaban humo, ardían. El jueves, también con una celeridad poco habitual, llegaron los papeles del Gobierno que autorizaban el traslado de Garzón a la corte internacional. Pero los vocales partidarios de apartarlo y de rechazar su marcha eran mayoría.