El Poder Judicial autoriza el traslado de Garzón al Tribunal Penal Internacional
El presidente del Consejo rompe la división y respalda la marcha del juez a La Haya
La teniente de alcalde de París, Anne Hidalgo, mantuvo un encuentro con el juez Garzón.
Baltasar Garzón ya puede hacer las maletas e irse al Tribunal Penal Internacional para trabajar como asesor externo de la Fiscalía. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida con carácter de urgencia ayer, decidió conceder el traslado solicitado por el juez de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones el viernes una vez que el Tribunal Supremo decidió sentarle en el banquillo de los acusados por investigar los crímenes del franquismo.
El Consejo decidió aplazar entonces su petición a la vista de la nueva situación procesal del instructor, pero ahora, una vez recibidos los avales de Gobierno, Fiscalía de La Haya, Fiscalía General del Estado y del propio Supremo, no le quedó más remedio que autorizar su marcha a la corte internacional. Garzón se va, eso sí, sin la condición de servicios especiales, como había solicitado, ya que al haber sido suspendido de forma cautelar no ejerce labores jurisdiccionales en activo.
La decisión de la comisión permanente fue adoptada por tres votos a dos. Contó con el visto bueno de la vocal progresista Margarita Robles, del conservador Manuel Almenar y del presidente del Consejo Carlos Dívar; y el rechazo del vocal conservador Antonio Dorado y de la progresista Almudena Lastra. Éstos formularon un voto particular con diferentes significados. El primero fundamentó su oposición en que el debate debía de haberse limitado a la petición de servicios especiales y la segunda por entender todo lo contrario: que había que aceptar la situación pedida por el juez pese a estar apartado, tachado de «incompatible».
El debate se centró en los informes remitidos al Consejo, en los que se avalaba que Garzón trabajase en la Fiscalía de La Haya. El documento clarificador fue el del Tribunal Penal Internacional, que no veía razones para modificar la decisión de contratar al juez pese a estar suspendido. La razón de fondo para la comisión permanente es que su labor como asesor externo de la Fiscalía no tiene funciones jurisdiccionales, por lo que es compatible con su estatus de juez apartado de forma temporal hasta que el Supremo emita una sentencia. Asimismo, el Consejo podría exigirle que renuncie al sueldo básico que recibe en su nueva condición, unos 1.800 euros, para irse a La Haya.
Los miembros de la comisión permanente son los mismos que el viernes desecharon tramitar la solicitud de Garzón, una postura que fue tachada de «desleal» por algunos vocales progresistas, que eran partidarios de suspender al juez y de que el Consejo le permitiera irse.