El caso Palau salpica a Castells, consejero de Economía del PSC
La Fiscalía presenta una querella contra los cerebros de la trama por el hotel existente en el Palau de la Música
El consejero Castells y Montilla, ayer en el Parlamento.
Giro inesperado en el caso Millet o caso Palau. La presunta trama de corrupción urdida por Félix Millet en torno al Palau de la Música catalana, en Barcelona, ha dejado de ser un asunto que salpica sólo a CiU y, según las últimas investigaciones, podría extenderse también a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona, ambos gobernados por el PSC.
La Fiscalía ha presentado una querella contra el antiguo presidente de la entidad cultural y contra su mano derecha, Jordi Montull, cerebros confesos del desfalco, por irregularidades en los trámites de construcción de un hotel junto al edificio del Palau. Se les acusa de tráfico de influencias y de apropiación indebida.
Al consejero de Economía, Antoni Castells, se le achaca que firmó un convenio sin tramitar los informes jurídicos previos y preceptivos.
La Fiscalía investiga las operaciones que realizaron Millet y Montull para lograr recalificar tres fincas destinadas a equipamientos y poder construir en su lugar un hotel de lujo junto al Palau de la Música. Fue en el 2003, cuando la fundación del Palau consiguió hacerse con la titularidad de tres edificios de una escuela a cambio de financiar unas obras en otro punto del centro histórico de Barcelona. Félix Millet, a pesar de la fuerte oposición vecinal, quería convertir esos viejos inmuebles en un hotel de cinco estrellas, desde cuyas ventanas se podría casi tocar la fachada del flamante Palau de la Música, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El problema residía en que las tres fincas estaban catalogadas para equipamientos.
La solución la encontró Millet de la mano de la Generalitat y del Ayuntamiento por medio de una permuta. Trasladaron la calificación residencial de un edificio propiedad del Gobierno autonómico a los tres edificios de la escuela de La Salle comprados por Millet. Entretanto, el inmueble del Ejecutivo catalán pasaba a ser para equipamientos.
Esta operación, suscrita por Castells, fue posible, según la Fiscalía, porque «Millet y Montull se aprovecharon de sus relaciones personales». La otra operación investigada por la Fiscalía implica al entonces primer teniente de alcalde, Xavier Casas, que dio luz verde a la modificación del Plan General Metropolitano.