La justicia valenciana acusa a Interior de detener a Ripoll sin autorización

La operación Brugal contra una supuesta nueva trama corrupta en la Comunidad Valenciana que salpica al PP amenaza con convertirse en un escándalo más allá de la mera investigación penal. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aseguró ayer que ningún juez autorizó «de forma expresa ni tácita» la detención de las once personas que fueron arrestadas el martes -"entre ellas el presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll-" en una macro operación policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales. Es más, según la justicia valenciana, que acusa a Interior de haber ninguneado al instructor del caso, todavía ni siquiera hay cargos penales contra los nuevos arrestados, a pesar de que el ministerio informó de que a los detenidos «se les imputa» hasta cinco delitos de corrupción.

No existe resolución judicial. La insólita nota oficial del tribunal superior cayó como un mazazo en el Ministerio del Interior. «NO (en mayúsculas) existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna», afirmó en su comunicado el tribunal, que dijo hablar en nombre del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela. «No se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo del 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial», aclaró la corte valenciana en referencia a los empresarios que fueron arrestados hace tres años cuando comenzaron las investigaciones sobre esta trama de supuestos concursos amañados para la recogida de basuras y la gestión de residuos. Nada que ver con la información que facilitó Interior, que desde un principio reconoció haber «detenido a once personas» en un «amplio dispositivo» contra la «corrupción».