Propuesta que la Junta elevará al Gobierno en defensa del carbón

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León ha acordado manifestar su absoluto desacuerdo con la propuesta de Reglamento del Consejo en materia de ayudas estatales para el cierre de las minas de carbón no competitivas antes del 15 de octubre del 2014, realizada por la Comisión Europea el 20 de julio de 2010, por ir en contra de los intereses del carbón español, pese a haberse gestado durante la Presidencia de turno española de la UE.

Este desacuerdo se basa en los siguientes argumentos:

-”La seguridad de suministro energético de España, y la necesidad de un mínimo de auto abastecimiento de fuentes de energía primaria, requieren el acceso a las reservas de carbón autóctono, único combustible fósil propio y en abundancia, por lo que se consideran reservas estratégicas.

-”El acceso a dichas reservas estratégicas de carbón requiere una estructura minera operativa que permita su extracción en unos mínimos que puedan incrementarse en caso necesario.

-”El mantenimiento de una capacidad mínima de producción propia permite que España mantenga una posición de liderazgo tecnológico, tanto en materia de extracción como en generación limpia con carbón, e introduce un elemento modulador ante las fluctuaciones de precio y suministro del mercado internacional del carbón. La Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y así lo transpone la Ley española del sector eléctrico, permite, por razones de seguridad de suministro, establecer la preferencia de las centrales de generación que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas siempre que no se supere en términos anuales el 15% de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad que se consuma en cada Estado miembro.

De acuerdo con la política energética europea (Libro Verde Hacia una estrategia europea para la seguridad en el suministro de energía, Segunda revisión estratégica del sector de la energía: Plan de actuación de la Unión Europea en pro de la seguridad y la solidaridad en el sector de la energía ), el carbón es un elemento clave en la seguridad de suministro energético. Por ello, se ha dimensionado un nicho estable de producción autóctona que, con vocación de continuidad en el tiempo, se denomina Reserva Estratégica. Las empresas propietarias de las unidades de producción seleccionadas, han realizado y están acometiendo actualmente, importantes inversiones para prolongar el acceso a reservas durante muchos años, por lo que no es coherente la supresión de las ayudas a la producción, no sólo por razones estratégicas, sino teniendo en cuenta además los períodos de amortización de dichas inversiones.

Junto a las inversiones en acceso a reservas, también se han iniciado importantes proyectos en el ámbito de la captura y almacenamiento de CO2, motivados en buena medida por la sostenibilidad del sector de generación eléctrica asociado al carbón.

Las centrales térmicas de carbón de Castilla y León, todas ellas diseñadas para las características del carbón autóctono, y poco competitivas para operar sólo con carbón de importación por su ubicación en las cuencas, han realizado en estos últimos años importantes inversiones en la optimización de su rendimiento energético, y en la corrección de sus implicaciones ambientales, como consecuencia de la Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión, que necesitan horas de funcionamiento adecuadas para amortizarse.

La combinación de la industria minera y la de generación eléctrica con carbón es fundamental desde el punto de vista socioeconómico para las comarcas mineras, y posee una capacidad de arrastre determinante sobre otros sectores económicos. Las ayudas que recibe el sector son claramente revertidas a la Hacienda pública por diversas vías fiscales y sociales, habiendo demostrado los estudios realizados que el coste de la desaparición de la industria del carbón es claramente superior al coste de su mantenimiento.

España debe dar por concluida su reestructuración y apostar por la estabilidad del sector al menos en sus volúmenes actuales. Para aquellos países que, como España, den por concluida su reestructuración, la nueva regulación debe permitir sustituir la regresividad de las Ayudas prevista en el actual Reglamento, por su no incremento considerado en euros constantes, siempre que la relación entre coste de extracción y precio de venta lo justifique. Por tanto, debe rechazarse frontalmente condicionar las ayudas a que se tengan que inscribir en un plan de cierre.

Estos planteamientos, resultan coherentes y conformes con las directrices estratégicas que ha venido planteando la Unión Europea a lo largo de estos últimos años, tal y como se refleja en diversas referencias de publicaciones, comunicaciones y directivas; así mismo, coinciden con los fundamentos del vigente Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León manifiesta su total rechazo y disconformidad con la Propuesta de Reglamento del Consejo realizada por la Comisión Europea, y propone el mantenimiento de un Reglamento de ayudas específicas a la industria del carbón que constituya un marco estable para su desarrollo, presidido por el principio de reserva estratégica, y no condicionado al contexto de un plan de cierre. Este Consejo de Gobierno manifiesta que es difícil comprender cómo una propuesta tan lesiva para los intereses del carbón español puede haberse gestado durante la Presidencia española de la UE. Tampoco se comprende que, pese a lo manifestado reiteradamente por el Gobierno de España en cuanto a su apoyo al carbón autóctono, nos encontremos en una situación crítica, donde no se utiliza el carbón en las térmicas desde enero de 2009, no se admite carbón en las centrales térmicas desde julio de 2009, el almacenamiento estratégico que se planteó para paliar temporalmente esta situación no opera desde febrero de 2010, no se obtiene la aprobación por la Comisión del Real Decreto que permitiría paliar esta situación, y sólo el adelanto de las ayudas de 2010 permite sobrevivir a las empresas extractoras hasta el próximo mes. Por ello, urgirnos al Gobierno a una acción firme y contundente que permita remediar una situación que aboca a expedientes de regulación de empleo o cierres en este sector.