Murcia, sin recurso contra el Estatut

El Tribunal Constitucional rechazó ayer por mayoría el recurso que interpuso el Gobierno de Murcia contra el Estatuto de Cataluña, en lo referente a las nuevas competencias que ejerce la Generalitat sobre la gestión del agua y las obras hidráulicas. Los magistrados favorables a la norma catalana actuaron en consecuencia y negaron las alegaciones de Murcia, que defendía el carácter estatal de las políticas hídricas. Cuatro magistrados, todos ellos del denominado «bloque conservador», formularon votos particulares discrepantes a la decisión del pleno del Constitucional.

En detalle. El Gobierno del popular Ramón Luis Valcárcel había cuestionado punto por punto las atribuciones que daba el Estatuto catalán a la gestión de los recursos del agua, en concreto del río Ebro, foco de la polémica del fallido Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno de Aznar y que derogó José Luis Rodríguez Zapatero tras llegar a la Moncloa en el 2004. Dicho proyecto contenía el trasvase de agua del Ebro a los ríos Segura y Júcar, y desde el primer momento Murcia se puso al frente de esta demanda. La batalla institucional por el agua provocó roces entre varias comunidades de uno y otro partido e, incluso, de las mismas siglas, como Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia o Valencia.

Seis años después de aquel episodio, el Constitucional da la razón a Cataluña y avala la política hídrica sobre Ebro, la competencia de la Generalitat en la planificación y la programación de las obras, la adopción de medidas relativas a la protección y saneamiento de los recursos hídricos, así como las facultades de policía del dominio público hidráulico. De la misma forma, el alto tribunal refrenda que la Generalitat pueda emitir un informe para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial.

El revés de Murcia llega tras el rechazo del Constitucional a los recursos de Valencia, Baleares o Aragón sobre determinadas competencias que regula el Estatuto catalán. Falta aún por conocer las impugnaciones al texto de La Rioja y del Defensor del Pueblo.