Fomento cree que el Usca «alimentó a un monstruo que le ha devorado»

Los controladores aéreos, el colectivo más odiado hoy en España, han quemado todas sus naves en una guerra que tenían perdida de antemano, y en la que en su última batalla ha ocasionado centenares de víctimas colaterales que nunca debieron pagar un precio tan alto. Son apenas 2.000 personas que siempre han tenido a los Gobiernos de uno y otro color político atados de pies y manos y que, ahora, y con su actividad regulada por ley, se reconocen desorientados y vencidos manu militari .

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) abrirá expediente a todos los vigilantes del cielo, que se enfrentan además a multitud de demandas civiles e, incluso, penales por su espantada del viernes. Unas investigaciones en las que cada controlador dispondrá de 24 horas para justificar su ausencia ate la empresa y que podría conllevar despidos y sanciones económicas muy altas. El vicepresidente Rubalcaba aseguró ayer que «esto no volverá a suceder» y que «habrá consecuencias».

«Explosión espontánea». El sindicato USCA, roto en mil pedazos después de que sus bases decidieran abandonar al unísono su puesto de trabajo generando un caos sin precedentes, se lame las heridas y reconoce que la situación se le ha ido de las manos. «Ha sido como una bola de nieve, la gente estaba desquiciada», apunta César Cabo, portavoz e imagen del colectivo, quien insiste en que «había llegado un momento en que no se podía parar a los compañeros». Asegura Cabo que la epidemia general que dejó vacías las torres fue «una explosión espontánea» y que «Aena tiene algo de culpa». Lo niega rotundamente el Ministerio de Fomento, que destaca que «ya el jueves habían alquilado para el viernes una sala en el Hotel Auditórium». Cabo afirma que el trabajo del presidente de Usca, Camilo Cela, llamando personalmente a los centros de control y pidiendo calma, ha logrado templar los ánimos de una plantilla «maltratada durante mucho tiempo y tratada como criminales de guerra». Tal era el enfado de los controladores, insiste Cabo, que «muchos estaban dispuestos a ir a la cárcel». «Ha sido muy difícil convencerles», concluye.

Desde el Gobierno se resta mérito a esos intentos de Cela, aunque sí admite que hubo contactos con él en la crisis.