Las mujeres llevan la carga
La mayoría de menores en riesgo dependen de sus madres, casadas o no
La infancia tiene reconocidos sus derechos.
Una investigación realizada por el trabajador social del Ayuntamiento de León Juan José Compadre y dirigida por la profesora de la Universidad de León Mercedes López Aguado analiza en profundidad el programa de actuación familiar del Ayuntamiento de León entre los años 2000 y 2009.
De este trabajo, presentado este año como memoria para la obtención del diploma de estudios avanzados, desvela que la edad de los padres, madres y tutores de los menores oscila entre los 31 y 45 años y existe un claro predominio de las mujeres, siendo más de un tercio de las familias monomarentales.
«Es un dato relevante de cara a la asignación de recursos específicos para madres que presentarán probablemente demandas de apoyo social y económico», indica el trabajador social en la investigación.
De hecho, el 47,2 % de cuidadores son monomarentales o monoparentales. En este grupo destacan las personas separadas o divorciadas que no conviven en pareja -"29,08 por ciento del total-" siendo este tipo de familias quienes reciben mayor atención por parte de las instituciones sociales.
En cuanto a las parejas casadas el estudio incide en que «la situación de pareja casada no es sinónimo de estabilidad personal» y, antes al contrario, «muchas veces se convierte en una fuente de estrés añadida».
Incluso en estas parejas el peso recae sobre las mujeres puesto que, como señala el estudio, «hay una creencia social aceptada que es la madre quien tiene que hacerse cargo de los menores».
En cuanto al lugar de procedencia dentro del municipio, más de la mitad de los niños y las niñas que han participado en el programa de intervención familiar en la última década residen en los barrios de Mariano Andrés, el Crucero y Armunia.
La mitad de los padres y las madres no ha obtenido el Graduado Escolar, menos del 40% por ciento tiene trabajo y solamente una cuarta parte está cualificada laboralmente. Los ingresos de la mitad de las familias no llegan al salario mínimo y en gran medida dependen de las prestaciones sociales.
La mayoría de las familias que se incorporan al PAF han estado tres años o más en el sistema de servicios sociales, son derivados por los Centros de Acción Social (Ceas) a raíz de intervención económica y permanecen entre siete meses y dos años en el programa de actuación familiar.
La investigación se considera como un punto de arranque para futuros trabajos que analicen «la influencia de las condiciones socioeconómicas de la familia, la formación y experiencia educativa de los padres y su valoración de la formación, en el proceso educativo de los menores», señala Compadre.
El objetivo de nuevas indagaciones serviría para conocer «los mecanismos de apoyo o desánimo académico y de la importancia de la familia en el proceso de aprendizaje», puesto que el estudio realizado este año concluye que «la formación como palanca de movilidad social, no es utilizada por los padres, posiblemente porque sus expectativas en relación a sus hijos sean escasas o nulas».
En la misma línea, Juan José Compadre propone «confeccionar un estándar de bienestar infantil o evaluación del riesgo psicosocial en el contexto familiar», que debería ser realizada con los profesionales que intervienen con los menores.