El PP decide no votar en contra de prorrogar el estado de alarma
El Gobierno advierte a los controladores que asuman la responsabilidad económica
Responsables del sindicato de controladores Usca momentos antes de su comparecencia.
La decisión del Gobierno de prorrogar el estado de alarma y continuar con la militarización de las torres de control aéreo se ha convertido en una nueva encrucijada para el PP. Por un lado, rechaza mantener estas restricciones de derechos constitucionales de «manera preventiva», pero por otro tampoco puede oponerse sin más a esa medida porque un -˜no-™ en la votación en el Congreso podría interpretarse como un alineamiento con la postura de los controladores aéreos. Un apoyo que, con toda seguridad, acarrearía un revés de la opinión pública, enfrentada con este colectivo.
Por todo ello, el PP tiene casi decidido abstenerse y sólo una «convincente» justificación jurídica y política del Ejecutivo podrían hacer reconsiderar su postura y unirse a CiU, PNV y Coalición Canaria, que ya han anunciado que respaldarán la decisión del Gobierno. Hay dirigentes del partido opositor que defienden, en cambio, dar un voto afirmativo, pero crítico. Mas no parece que su postura se vaya a imponer.
Los populares otorgan a este debate una gran importancia. Es «importantísimo», según fuentes próximas a Mariano Rajoy. De hecho, el líder de la oposición anuló el viaje que tenía previsto realizar hoy a Bruselas para participar en la reunión del Partido Popular Europeo y poder escuchar sin intermediarios la intervención del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien será encargado de defender las tesis del Gobierno, y la de su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, que dará la réplica. «Lo importante es que los ciudadanos puedan viajar en Navidades», afirmó ayer Rajoy sin aclarar que va a votar su grupo.
Informes. El PP no quiere dejar cabos sueltos. Por ello, registró este miércoles un escrito en el Congreso en el que piden al presidente de la cámara, José Bono, que exija al Gobierno «cuantos informes jurídicos hayan sido recabados por el Consejo de Ministros o cualquiera de sus departamentos ministeriales» para justificar el estado de alarma. El partido opositor quiere conocer los documentos presentados por la Abogacía del Estado para el Ministerio de Justicia y el del asesor general de Defensa, así como las actuaciones de la Fiscalía General del Estado. Además, el PP reclama información sobre el grado de cumplimiento por parte de los controladores del decreto original que declaró el estado de alarma.
El Gobierno no piensa hacer nada para conseguir el sí de los populares, pero cree que tendrán difícil explicar ante los ciudadanos que no se colocan de su lado en el conflicto con los controladores. Está decidido, además, a mantener la postura de firmeza frente a los técnicos de Aena y pretende que el coste de los daños causados por su paro salvaje los pasados 3 y 4 de diciembre recaiga única y exclusivamente sobre aquellos profesionales que hicieron dejación de sus responsabilidades y se ausentaron de su puesto de trabajo, pero no sobre Aena. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, advirtió ayer en el Congreso que la administración no se hará cargo de lo ocurrido. «Me parece muy preocupante que el Partido Popular pretenda que todos los españoles paguen la irresponsabilidad del sabotaje que ya sufrieron», señaló.
La situación no es en absoluto sencilla. Las cerca de 5.000 personas que pretenden interponer una demanda colectiva a través del despacho Cremades & Calvo Sotelo solicitarán a los controladores indemnizaciones de 10.000 euros. Pero las asociaciones de consumidores tienen dudas de que los técnicos puedan hacer frente a su pago y no es descartable que, al final, opten por exigir a la empresa pública de navegación aérea -es decir, a la administración- que se haga cargo como responsable civil subsidiario.