Gobierno y controladores retoman la negociación en un tenso ambiente
Si el diálogo no fructifica antes del 31 de enero, habrá arbitraje voluntario o forzado
La portavoz de Usca Galicia, Susana Romero, tras declarar en la Fiscalía de Santiago.
La tensión y la desconfianza mutua entre los controladores aéreos y el Gobierno se mantienen, pero la necesidad de acabar con una situación absolutamente excepcional y que empaña tanto el normal desarrollo de la operativa aeroportuaria como la imagen de España en el extranjero han terminado por vencer a los recelos. O, al menos, por aparcarlos. El sindicato de vigilantes del cielo (Usca) y el Ministerio de Fomento retomarán el próximo lunes las conversaciones en busca de un II Convenio Colectivo del sector. El ambiente en las torres es aún muy tenso, pues el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero ha logrado el aval del Congreso para prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero.
Las posiciones de partida son muy lejanas, aunque parece factible un pacto antes del próximo 31 de enero, límite marcado por José Blanco. La elección de la fecha no es casual, ya que para entonces el primer convenio llevará prorrogado la friolera de seis años. Si no hay entendimiento suficiente, la alternativa es el arbitraje. Primero voluntario y, si este es imposible, forzoso e impuesto por el Ejecutivo. Esta última opción no agrada a los controladores, pues saben que siempre sería más lesiva para ellos que cualquier negociación.
Para agilizar las conversaciones, la junta directiva del Usca elegirá este fin de semana a un grupo reducido de negociadores, que no superará los cuatro miembros. Hasta ahora, a cada encuentro con Aena acudían hasta una docena de controladores lo que, según la empresa pública, complicaba sobremanera cualquier avance. Aún no está definido quién acudirá a la reunión del lunes por parte de Aena, que define el encuentro como una «primera toma de contacto», aunque sí está confirmada la presencia de los abogados de una y otra parte.
El sindicato se felicitó por la vuelta a la mesa de negociación. Un marco que entiende la formación «es el adecuado para recuperar la concertación y el diálogo social». Usca aprovechó el anuncio de la vuelta a las conversaciones para «agradecer la posición firme de algunos miembros del Gobierno -en alusión a los reparos puestos a la prórroga por Defensa y Justicia- y de parte de los diputados, que han entendido en su justa medida que recursos propios de estados excepcionales no son los adecuados para buscar una solución».
Mientras, los nueve controladores de Santiago de Compostela, citados ayer por la Fiscalía, se acogieron al derecho constitucional a no declarar.