La Junta de Andalucía eleva a 146 los ERE aprobados con irregularidades
El PP cree «insostenible» que nadie haya dimitido mientras surgen nuevos casos
El consejero de Empleo, Manuel Recio, en la comisión parlamentaria.
Suma y sigue. Una investigación de la Junta de Andalucía ha descubierto 146 irregularidades en los 70 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) vivos que han sido sufragados con dinero público. La investigación interna, que está casi terminada destaca que estas anomalías «sólo» suponen el 2,7% de los expedientes individuales analizados. Se trataría de personas ajenas a las empresas y, sobre todo, vinculadas a la empresa aunque sin derecho a ser incluido en el ERE, según informó ayer el consejero de Empleo, Manuel Recio, quien no descarta que surja algún caso más en los 290 casos de cuatro empresas que quedan por revisar.
Recio dio a conocer los últimos datos de la investigación en la comisión parlamentaria de Empleo, más concurrida que nunca, y desveló que hay anomalías en 32 de los 64 que realizó la Junta. Según los datos del ejecutivo andaluz, se han revisado ya 5.273 de las 5.563 pólizas por prejubilación, el 95 por ciento del total. De ellas, 5.127 no presentan problema alguno, mientras que hay 59 casos (1,12%) de personas que son intrusas o ajenas a la empresa.
Además, se presentan otros 87 casos de «discrepancia administrativa», ya que los que los funcionarios que han realizado la investigación tienen dudas porque se trata de trabajadores que sí han tenido vinculación laboral con la empresa (por ejemplo a través de una empresa asociada) pero no está tan claro que tuvieran derecho a percibir la ayuda. Estos casos también han sido remitidos a la justicia.
Durante su comparecencia, el responsable de Empleo defendió tanto la labor de sus antecesores (José Antonio Viera y Antonio Fernández), que «hicieron lo mejor que sabían hacer en unas determinadas circunstancias», como las políticas sociolaborales de la Junta como apoyo a «trabajadores y empresas en crisis».
El consejero entró parte de su intervención en explica el procedimiento para la concesión de las ayudas a los expedientes de regulación de empleo.
A juicio de Recio, el Informe de Intervención General de la Junta -”que ya en el 2005 lo consideraba inadecuado-” era «contradictorio» y no alertaba de que el método cuestionado fuese «irregular o ilícito».
Cambio de normativa. No obstante, anunció que de forma inminente se cambiará la normativa para la concesión de las ayudas para «facilitar la reestructuración de empresas con dificultades económicas transitorias» y bajo los principios de «publicidad, transparencia, concurrencia no competitiva, objetividad, igualdad y no discriminación». Se utilizará como marco jurídico el impulsado por Griñán cuando fue ministro de Trabajo Esta decisión provocó que subiese el tono de la comparecencia, ya que desde el PP-A les han acusado de cambiar el procedimiento «porque les hemos pillado con las manos en la masa».
El diputado del grupo popular Antonio Sanz insistió entonces en que dicha modificación «responsabiliza» de forma directa al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, porque pone de manifiesto su «negligencia, consentimiento y participación en las irregularidades».
«Con un solo fraude ya tenían que haberse hecho cargo y depurar responsabilidades, y aquí no ha dimitido nadie», apostilló, y tras considerar «insostenible» que cada día aparezcan nuevas irregularidades, retiró la «necesidad» de que dimita el presidente autonómico.