Rubalcaba da por hecho el apoyo de CiU y PNV para agotar la legislatura

Tantas veces se ha sentido el grupo parlamentario socialista con el agua al cuello a lo largo de esta legislatura, y tantas ha terminado por salir a flote que ya no piensa que el catastrófico resultado del 22 de mayo vaya a ser una dificultad añadida para sacar adelante en el Congreso las reformas económicas pendientes o los Presupuestos Generales del Estado. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio ayer por descontado, de hecho, que el Ejecutivo no tendrá problema alguno para poder agotar la legislatura; un objetivo en el que José Luis Rodríguez Zapatero tiene un empeño personal. Lo dijo después de haber sondeado en persona al presidente de CiU, Artur Mas, la semana pasada y de que Zapatero hiciera lo propio con el líder del PNV, Iñigo Urkullu, el miércoles. Y eso que ninguno de los dos se comprometió a un respaldo gratuito.

El portavoz de los nacionalistas catalanes en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, advirtió ayer mismo en su blog que el respaldo de su formación a las medidas económicas aún pendientes de aprobación está condicionado a que el Gobierno atienda las necesidades financieras y competenciales de Cataluña. No es un contencioso sencillo el que está en juego. La Generalitat presentó esta semana sus presupuestos para el 2011 con una previsión de déficit del 2,66% del PIB, el doble del objetivo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es de 1,3%.

Pero alega que ese desfase se vería compensado si la Administración central le abona 2.850 millones a los que dice tener derecho, 1.450 millones del Fondo de Competitividad, un dinero que el Ejecutivo argumentaba hasta ahora que sólo pude transferirse a ejercicio vencido y que, por lo tanto, no toca hasta dentro de dos años; 1.200 millones de inversiones en infraestructuras, de acuerdo con su interpretación del Estatut, y 200 millones del traspaso de activos inmobiliarios, hospitales y edificios cuya titularidad pertenece ahora a la Seguridad Social.

A eso se une la demanda de Artur Mas de un pacto fiscal entre el Estado y su comunidad, al estilo del concierto vasco, una fórmula que desajustaría por completo el sistema de financiación actual, aprobado hace apenas dos años. Rubalcaba, que esta misma semana dijo creer conocer la solución a las permanentes tensiones entre la Generalitat y el Gobierno, aseguró tras el Consejo de Ministros que esa opción está descartada.

«El Gobierno no tiene en la cabeza ningún pacto fiscal de esa naturaleza; ya nos posicionamos en contra y nada ha cambiado», avanzó.