Anticorrupción cifra en 3,5 millones la presunta financiación ilegal del PP
La Fiscalía espera tener listo su escrito de acusaciones para finales de este año
Tras el ‘caso de los trajes’, que se enjuiciará el próximo otoño, la Fiscalía Anticorrupción ya tiene fijado casi completamente el tablero de juego del segundo asalto a la trama Gürtel en Valencia: la supuesta financiación irregular del Partido Popular de esa comunidad a través de facturas pagadas por empresarios afines y dinero ocultado a la Hacienda Pública.
La Fiscalía, a falta de las últimas diligencias ordenadas el pasado 27 de julio por el instructor del caso, José Francisco Ceres, sabe a quién quiere acusar, por qué hechos y cuándo podría sentar a los imputados en el banquillo. La acusación común a todos los procesados será un delito electoral, aunque también habría otras imputaciones de cohecho y prevaricación.
Hechos y acusados. Los hechos serían la financiación irregular de la formación en Valencia durante los comicios municipales y autonómicos del 2007 y, ahora también, durante las generales del 2008. La forma, a través de dinero allegado por, al menos, cinco empresas que saldaban las deudas del PP con Orange Market, principal marca de la trama, gracias a facturas de servicios que no se prestaban y por pagos directos en dinero negro del partido a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes . El importe de las supuestas operaciones irregulares es de más de 3,5 millones de euros en financiación ilegal. Y los acusados, según las mismas fuentes, serán no menos de 18 personas, si bien el número podría aumentar. Habrá, al menos, cuatro políticos del PP: el exvicepresidente Vicente Rambla; el exsecretario general del PP en la comunidad Ricardo Costa; el vicesecretario de Organización del PPCV David Serra y la entonces tesorera del PPCV Yolanda García. Por el momento, Francisco Camps no está en la lista, en la que queda por decidir si también se incluye el nombre del extesorero nacional Luis Bárcenas. Otros siete acusados serán miembros de la trama Gürtel, entre ellos sus tres cabecillas, Francisco Correa, Pablo Crespo y El Bigotes .
Anticorrupción quiere sentar en el banquillo al menos un responsable por cada una de las siete empresas que supuestamente allegaron dinero al PP a través de Orange Market: Facsa, Ortiz e Hijos, Piafa, Lubasa, Sedesa, Pavimentos del Suroeste y Grupo Vallalba.
Si no se producen retrasos inesperados en la documentación solicitada por Ceres —que aunque abundante no es complicada de obtener—, la Fiscalía espera poder tener listo su escrito de acusaciones a finales del 2011 o principios del año que viene, con la idea de poder juzgar estos hechos a mediados del 2012.
Esas imputaciones —explicaron responsables del caso— se dividirán en los dos ejercicios bajo sospecha: el 2007 y el 2008. Este es el tablero de juego a la espera de saber qué hace finalmente la justicia valenciana con los otros delitos conexos a la supuesta financiación irregular del partido.