La Audiencia no ve pruebas contra los policías de El Faisán

Hubo chivatazo a ETA y hubo delito, pero, al menos por ahora, no hay pruebas suficientes para sentar en el banquillo a los tres mandos policías acusados del soplo al aparato de extorsión terrorista en Irún el 4 mayo del 2006. Por unanimidad, con algunas controversias jurídicas y técnicas, pero tras apenas cuatro horas de deliberaciones, los quince magistrados del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidieron revocar el procesamiento del exdirector de la Policía Victor García Hidalgo, el jefe Superior del País Vasco, Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros.

Los jueces, al tiempo que echaban por tierra la decisión tomada el pasado 13 de julio por el instructor Pablo Ruz de llevar a juicio a los tres imputados, devolvieron los 23 tomos del sumario al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la calle Génova, quien deberá seguir investigando para intentar encontrar indicios más sólidos que el tráfico de llamadas entre los implicados si quiere volver a elevar a la sección este caso para que sea enjuiciado.

Fue una decisión sorpresiva, ya que se esperaba que los magistrados centraran su debate en si el caso se quedaba en la Audiencia Nacional por un delito de colaboración con ETA penado con hasta diez años de cárcel, como sostenían las acusaciones, o si se enviaba a los juzgados de Irún por entender que era una simple revelación de secretos, como pedía el Ministerio Público, que en la sesión del martes ya apuntó sus dudas sobre el procesamiento habida cuenta de la «debilidad» de las pruebas.

Con los votos a favor de todos los jueces, el máximo órgano de la Audiencia Nacional hizo suyas las tesis del fiscal jefe, Javier Zaragoza, y, tras constatar que «los indicios contra los procesados no son suficientes» para llevarles ante un tribunal, decidió estimar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros. Las defensas de los procesados, durante la vista previa del martes, lejos de entrar en la competencia o no de la Audiencia Nacional como hicieron las acusaciones, habían pedido directamente el archivo de las actuaciones por la falta de pruebas que apuntasen a los policías, que siempre han defendido que nada tuvieron que ver con el soplo. Una posibilidad, la de dar carpetazo definitivo al caso, que el pleno rechazó ayer porque los magistrados «aprecian indicios suficientes de un hecho que reviste los caracteres de delito», o sea que sí que existió la delación, supuestamente policial, a ETA y que ese soplo es un ilícito penal castigable.

Los jueces, habida cuenta de las pruebas de que efectivamente los recaudadores del impuesto revolucionario recibieron un chivatazo sobre la inminente operación policial en el entorno del bar Faisán, ordenaron a Ruz que reabra el caso que dio por concluido, con el beneplácito de la Fiscalía, el pasado julio, tras algo más de cinco años de investigaciones y cuatro jueces diferentes a cargo del sumario (Fernando Grande-Marlaska, Baltasar Garzón, Santiago Pedraz y el propio Ruz). La Sala de lo Penal aprovechó para dar un indisimulado tirón de orejas a Pablo Ruz a quien «requieren» una «más amplia investigación».