La policía investiga los contratos del Gobierno de Camps con Urdangarín
No sólo en Baleares. El juez del caso Palma Arena, José Castro, y la policía judicial también tienen en su punto de mira los millonarios contratos de la institución que presidió Uñaki Urdangarín con el Gobierno del ex presidente Francisco Camps, muy en particular la adjudicación por parte de la Generalitat de un concurso por valor de tres millones de euros a esa fundación para la «promoción de la candidatura de la Comunitat Valenciana como sede la primera edición de los juegos europeos», un evento que jamás llegó a celebrarse.
Efectivos de la policía se personaron el lunes en las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) para reclamar copia de toda la documentación sobre los dos grandes contratos que en 2004 y 2005 el Gobierno que presidía por entonces Camps cerró con la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, fundación de la que fue presidente el esposo de la Infanta Elena hasta junio del 2006.
El concurso del 2005 es el de los juegos europeos. Fue adjudicado en diciembre de aquel año a Nóos por la Comunitat Valenciana. Unos meses antes, en octubre del 2005, Camps y Urdangarín presentaron oficialmente la candidatura valenciana a esos juegos que debían celebrarse en 2010.
Pero el proyecto de los juegos quedó en nada. La 37ª Asamblea General de los comités olímpicos europeos rechazó en noviembre del 2007 la iniciativa. Según informó ayer la Generalitat, al frustrarse el proyecto, sólo se abonaron 382.000 euros a la fundación en concepto de «trabajos previos realizados».
El segundo convenio que ha reclamado el juez Castro, que desde julio del 2010 mantiene una pieza secreta sobre las actividades de Nóos, es el firmado por Cacsa en 2004 para la celebración de ‘Valencia Summit’, tres reuniones internacionales de expertos en la gestión de acontecimientos deportivos. La Generalitat sostiene que también esos contratos fueron supervisados por el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas sin encontrar ninguna irregularidad.
Aunque es la primera vez que la justicia se interesa por estos convenios, la polémica sobre los contratos a la empresa de Urdangarín no es nueva en la Comunidad Valenciana.