La difícil digestión del 21-N

El nuevo Gobierno se va a encontrar con la complicada herencia en la que sobresalen dos aspectos que serán de difícil gestión: la situación económica y el final del terrorismo. La crisis va a requerir ajustes en el gasto y medidas impopulares que a buen seguro van a ocasionar protestas callejeras. La desaparición de ETA requerirá también decisiones que no van a ser fáciles de explicar para el nuevo Ejecutivo. Desde que se anunció el adelanto electoral, la situación económica ha ido de mal en peor. El impacto de la crisis de la deuda soberana ha frenado en seco el crecimiento en la segunda mitad de este año, el mercado laboral sigue hundido, la sequía financiera ha pillado al sector bancario en plena reconversión y el crédito no llega a empresas y familias. En este angustioso marco, la credibilidad ganada por el Gobierno a golpe de ajustes y cambios se ha esfumado. El nuevo Ejecutivo no va a disponer ni de cien días de gracia, porque el ataque de los especuladores contra los títulos de la deuda ha puesto al país en la frontera del rescate. Las primeras decisiones económicas del Gobierno, la actualización o no de las pensiones —congeladas este año— y los sueldos de los funcionarios —que vienen de sufrir un recorte— serán examinadas con lupa por los analistas que mueven a los mercados y por los vigilantes de la UE.

Las cuentas de 2012 darán pistas de la orientación del nuevo Gobierno. Incluso si se cumple en este ejercicio la reducción del déficit al 6% del PIB, descender al 4,4% comprometido para 2012 exigirá un tijeretazo de 16.000 millones de euros. Y si las autonomías se pasan de la raya, cada punto porcentual de desviación exigirá recortar 10.000 millones más para compensarlo.

Con la economía al borde de la recesión, el parón de la actividad reducirá los ingresos públicos, que solo crecerán vía impuestos. Un mercado laboral con 4.978.300 parados hará casi imposible bajar de los 30.140 millones destinados este año a la cobertura del desempleo, a no ser que se apliquen condiciones de acceso más restrictivas

Aunque muchas personas agotan la prestación —la cuota de protegidos está en el 68%, frente al 80% del verano del 2010— otros parados se incorporan. Y habrá que contar con el aumento de otras partidas de gasto, como el sobrecoste de la crisis de la deuda. El Gobierno que salga de las urnas se encontrará por primera vez desde la llegada a la democracia con un país sin la amenaza de ETA. Tendrá que gestionar el fin de la organización terrorista sin levantar ampollas, sobre todo, entre las víctimas. PP y PSOE saben que todo va a girar en torno a la política penitenciaria para los 559 presos de ETA en España. Los próximos gobernantes no tendrán mucho margen de maniobra. Solo puede plantearse traslados o acercamientos.

Hoy solo una treintena de los reclusos de ETA está en el País Vasco, los que han roto con la banda y han pedido perdón a las víctimas. Graduar esos acercamientos será la principal herramienta del Gobierno. Eso sí, nadie apuesta por acercamientos masivos. Y poco más se podrá hacer en materia penitenciaria. Las reformas del Código Penal y la Ley Penitenciaria para el «cumplimiento íntegro y efectivo de las penas» dejaron las manos casi atadas para dar beneficios o excarcelar terroristas que no se arrepientan, más allá de los enfermos. Solo una improbable contrarreforma del Código Penal permitiría conceder semilibertades a terroristas no arrepentidos con penas ya avanzadas. Ese mismo marco legal hace inviable una amnistía, como ha reclamado ETA. Una reunión del futuro Ejecutivo con ETA para hablar de la entrega de la armas es una incógnita que solo el tiempo disipará.

‘Miniestados’. Por el momento, ninguno de los dos partidos ha planteado reformar la ley de partidos, como también reclama la izquierda abertzale. Fuera de la esfera de actuación del Gobierno quedarán otros asuntos relacionados con la gestión del fin de ETA, como los 150 juicios a miembros de la banda pendientes en la Audiencia Nacional o el futuro de la doctrina Parot , que ha alargado las condenas a los terroristas más sanguinarios.

El Estado de las Autonomías va a sufrir un cambio gobierne quien gobierne. PP y PSOE coinciden en que no puede seguir como hasta ahora, con comunidades que casi son miniestados , con organismos duplicados y un aparato burocrático desmesurado. Esta reorganización no va a implicar la recuperación de competencias por parte del Gobierno central porque ni el programa popular ni el socialista lo contemplan. Pero es muy probable que desde Madrid se impulse un adelgazamiento de las estructuras autonómicas para hacer más sostenible el modelo y, sobre todo, para cumplir los objetivos de déficit y endeudamiento.

Soberanistas y más. Quien gane el 20-N tendrá que hacer frente a dos retos soberanistas en Euskadi y Cataluña. Los nacionalistas vascos ya han anunciado que en 2015 van a exigir un nuevo estatus jurídico y político para el País Vasco, en lo que parece que será una reedición del plan Ibarretxe. CiU, que gobierna la Generalitat, también pondrá sobre la mesa el próximo año la demanda del pacto fiscal para que Cataluña recaude y administre todos sus impuestos y pague después una suma a la Hacienda central en concepto de solidaridad interterritorial. El reto es grande: en ambas comunidades este sentimiento va en aumento. Los populares tampoco han aclarado que harán en caso de victoria con otras normas de Zapatero a las que se enfrentaron, como la de igualdad, la de investigación con células madre o la de memoria histórica. Sí han anticipado que suprimirán la asignatura de Educación para la Ciudadanía para sustituirla por otra materia sobre las instituciones de España y de la UE.