SEGUNDA SESIÓN DEL JUICIO AL JUEZ
Un policía dice que Garzón le instó a proteger a los abogados

Baltasar Garzon a su llegada esta mañana al Tribunal Supremo, acompañado por Francisco Baena.
Un agente de la unidad contra el blanqueo de capitales ha afirmado que el juez Baltasar Garzón le instó a adoptar las medidas necesarias para preservar el derecho de defensa de los abogados cuando intervinieron las conversaciones que mantuvieron estos letrados con sus clientes en la cárcel. Este funcionario explicó que los agentes realizaron un desglose de las grabaciones que, en su opinión afectaban a ese derecho para que fuera el juez el que decidiera si estas conversaciones tenían que ser incorporadas al sumario del caso Gürtel.
El funcionario policial explicó que utilizaron los medios de escucha habilitados en la cárcel ante la imposibilidad de usar los de su unidad de investigación. También aclaró que un funcionario de esta unidad recogía tres veces a la semana las grabaciones que quedaban custodiadas por los policías. Además, confirmó que la investigación se precipitó en diciembre del 2008 cuando que los miembros de la organización mantuvieron reuniones diarias para poner a buen recaudo el dinero que tenían escondido en el extranjero.
Previamente, ha testificado el letrado Ignacio Peláez que actúa como acusador en este caso. El letrado declaró que se sintió molesto cuando descubrió que sus conversaciones habían sido grabadas. Peláez ha admitido que no era el letrado de Francisco Correa ni de Pablo Crespo. A pesar de ello, se entrevistó en varias ocasiones en la cárcel con ellos para coordinar la defensa de los imputados en esta trama de corrupción.
Además, esta previsto que este miércoles por la tarde declaren otros tres agentes de policía y el funcionario judicial que tramitó el caso Gürtel en la Audiencia Nacional. Garzón ha vuelto a ocupar su asiento sentado junto a su abogado, Francisco Baena, vestido con la toga. En esta vista se juzga al togado de la Audiencia por prevaricación y contra las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de entre 10 y 17 años de inhabilitación.