Ordena no recurrir la absolución de Camps y Costa

La nueva Fiscalía General del Estado, dirigida por Eduardo Torres-Dulce, dio ayer la orden a Anticorrupción para que no presente recurso de casación en el Tribunal Supremo por la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa en la causa de los trajes.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que tras estudiar el contenido de la sentencia dictada por el magistrado Juan Climent, del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que se recoge el veredicto absolutorio del jurado popular, acordaron «que no hay base jurídica suficiente para recurrir».

Una de las razones que exponen las citadas fuentes es que, según el artículo 846 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «únicamente cabe la revisión de los hechos probados en caso de sentencia condenatoria y si es por vulneración del principio de presunción de inocencia».

Pero como a Francisco Camps y Ricardo Costa, exsecretario general del Partido Popular valenciano, les declararon «no culpables» las posibilidades de recurso son más remotas porque «se constata la imposibilidad de revisión de los hechos declarados probados».

Y es que el jurado popular, por cinco votos a cuatro, consideró que los acusados no habían cometido cohecho impropio, que pagaron sus prendas de vestir y que su relación con los principales imputados de la trama Gürtel era «meramente comercial».

En total, la Fiscalía Anticorrupción dio 18 razones en el juicio para probar que hubo cohecho impropio. Un cúmulo de pruebas que muestran la beligencia acusatoria que ha mantenido el Ministerio Público desde que estalló la causa de los trajes durante la instrucción de la trama Gürtel por parte de Baltasar Garzón, en febrero de 2009. Desde entonces, Anticorrupción siempre defendió que hubo delito y que la red corrupta, a través de la empresa Orange Market, pagó esas prendas para conseguir un trato de favor preferente en los contratos públicos de la Generalitat.

La Fiscalía fue primero partidaria de que esta causa se investigase en esa comunidad, luego acusó formalmente a los imputados durante la instrucción que tramitó la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Valencia. Tras el archivo, reclamó la reapertura del caso en un recurso presentado ante el Tribunal Supremo y una vez que el alto tribunal lo admitió pidió al juez José Flors que abriera juicio oral a Camps y Costa.

El secretario general del PSOE de Valencia, Jorge Alarte, se mostró ayer «profundamente preocupado» por la decisión de la Fiscalía General. «Eduardo Torres-Dulce debe una explicación a los españoles por el cambio de criterio que se ha producido, después de que la Fiscalía lleve varios años actuando de forma activa en la lucha contra la corrupción en el caso Gürtel», dijo en el Congreso del PSOE.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró que se alegra «muchísimo» de que Anticorrupción no recurra y la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, tachó de «escándalo» la decisión.