Garzón se apoya en la jurisprudencia internacional para defender lo que hizo
Su defensa presenta 60 documentos sobre casos judiciales de desapariciones forzadas.
El presidente de la ARMH, el leonés Emilio Silva, en su declaración en el juicio a Garzón.
La investigación de la Corte Penal Internacional al expresidente libio Muamar Gadafi por crímenes de lesa humanidad, la persecución de la Justicia chilena al dictador Augusto Pinochet o la causa que mantiene abierta la Audiencia Nacional por la desaparición de españoles en campos de concentración nazis fueron algunos de los documentos que aportó ayer la defensa de Garzón al tribunal que le juzga por supuesta prevaricación.
El abogado del juez, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó a la sala del Tribunal Supremo una relación de unos 60 escritos sobre desapariciones forzadas, causas y jurisprudencia sobre este asunto para justificar la investigación del juez de los crímenes del franquismo. Entre los documentos incorporados se incluyó un comunicado de 28 de marzo del 2009 de organizaciones integradas en Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel) relacionado con la memoria histórica y la posibilidad de juzgar la historia.
Además, se incorporaron múltiples resoluciones de la ONU sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos o la vulneración del derecho internacional humanitario
Ejemplos. Uno de los documentos considerado clave por la defensa es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del CPI y de tribunales nacionales que han resuelto casos sobre Yugoslavia, Líbano o la extradición del exdictador Pinochet. Asimismo, se citó jurisprudencia española que establece la obligación de perseguir e investigar los crímenes de lesa humanidad.
Martínez Fresneda también solicitó la lectura de documentos relativos a la postura exhibida el 14 de julio del 2008 por la Fiscalía en las diligencias tramitadas en el Juzgado Central de Instrucción número 2. En ellas, trataba la competencia de una causa sobre prisioneros españoles recluidos en el campo de concentración nazi de de Mathausen por ser constitutivos de genocidio y lesa humanidad.
Del mismo modo, pidió leer ante el tribunal el voto particular emitido por tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la competencia de la causa sobre la memoria histórica.