Inmigrantes contra las cuerdas

«Llevo nueve años en León, mi hija nació aquí y no me gustaría perder los papeles». A Fouzia, marroquí de 34 años, le aconsejan que vuelva a su país. Ella se resiste. Quiere vivir en León y labrarse un futuro para la niña. Si permanece más de un año en Marruecos, donde vive su esposo, perdería el permiso de residencia. Es el tiempo que necesita para obtener la nacionalidad española.

Fouzia acude casi a diario al Centro de Información de Trabajadores Extranjeros de Comisiones Obreras en León, donde el año pasado atendieron 4.700 consultas de personas migrantes.

Su caso es uno entre un montón. La población extranjera no comunitaria se agarra a cualquier tabla de salvación antes de plantearse el regreso a su país. Tan sólo 134 personas se han acogido al plan de retorno de extranjeros puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo en el 2009 como medida anticrisis.

A algunos no les queda más remedio que irse: los echan. En los últimos dos años han sido emitidas 517 órdenes de expulsión en León, en su mayoría por caducidad de los permisos. No cumplir un período mínimo de cotización por falta de trabajo es el principal motivo. Las expulsiones de extranjeros aumentaron un 25% entre 2010 y 2011. En lo que va de año se han aprobado 23 órdenes de expusión en León, según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno.

«La mayoría de la población migrante está estabilizada, lleva más de 3 años en España, y vive en un piso», reseña el último informe del Grupo de Observación de la Inmigración en León (GOL). Tras una encuesta realizada entre casi un millar de personas migrantes concluye que «aumenta espectacularmente la demanda de formación socio educativa y para el empleo de las personas migrantes». «No quieren irse y luchan por quedarse», subrayan Rosa Castro, de Comisiones Obreras y Miguel Ángel Cueto, de UGT.

La población extranjera no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado un 55% en la provincia leonesa en los últimos seis años. León cuenta actualmente con 26.921 personas de nacionalidad extranjera, la cifra más alta de la historia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística recabados a través del padrón.

El incremento del padrón de extranjeros en los últimos seis años se debe, sobre todo, a la afluencia de ciudadanía comunitaria, principalmente de origen rumano y búlgaro, que no precisan permiso de residencia pues rige el principio de libre circulación.

Los motivos económicos son la principal causa de la emigración —69% de las personas migrantes— pero durante el 2011 llamó la atención el incremento de personas «que han venido a España por estudios», apunta el informe del GOL. En 2006, había en la provincia 4.322 extranjeros de la Unión Europea y actualmente suman 12.014 residentes, lo que significa un aumento de más del cien por cien.

Sin embargo, por primera vez en el 2011 disminuyó el número de inmigrantes no comunitarios —los que precisan permiso de residencia— establecidos en León. Tras más de una década en constante crecimiento, el año pasado había empadronadas 14.907 personas de países no comunitarios, frente a las 15.193 en el 2010.

Las cifras del padrón no coinciden con las que manejan los servicios de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno que, en septiembre de 2011, tenía registradas en León 14.362 personas extranjeras de régimen comunitario y 11.229 del régimen general: 5.875 de América Central y del Sur, 3.919 de África, 992 de Asia, 349 de Europa no comunitaria y tres australianos.

La discrepancia entre los datos del padrón y la Subdelegación estriba en que «no todas las personas empadronadas tienen por qué tener papeles: se empadronan para tener acceso a ayudas y no todas las que se van están dadas de baja», indica Miguel Ángel Cueto. En cuanto a los residentes de la UE, ocurre lo contrario: hay muchos que no se dan de alta en el padrón. En el caso de la población rumana, desde julio precisan de un permiso específico para trabajar.

Las solicitudes de permisos de estancia y residencia de extracomunitarios han disminuido un 31% entre el año 2009 y el 2011, período con un descenso similar en las peticiones para reagrupaciones familiares. Hay 6.547 personas con residencia de larga duración, 1.142 de primera renovación, 2.932 de segunda renovación y 608 de residencia inicial.

La lucha por no perder los papeles —el permiso de residencia— y los derechos de ciudadanía adquiridos en los años de bonanza económica se ha convertido en el objetivo principal de muchas de estas personas. Es la lucha cotidiana por la supervivencia.

La renta garantizada de ciudadanía y otras ayudas son el principal motivo de consulta de las personas que acuden al Centro de Información para Trabajadores Extranjeros de Comisiones Obreras en León, que el año pasado atendió 4.700 consultas, casi un millar menos que en el 2008.

Los recursos por denegaciones de todo tipo de renovaciones y contra extinciones de ayudas ocupan un puesto preferente en las consultas, así como las renovaciones del permiso de residencia de larga duración e información para trabajar en otros países de Europa.

Asimismo, demandan asesoramiento para reagrupaciones, plan de retorno, búsqueda de empleo y elaboración de currículum, permisos de trabajo en origen para hijos o cónyuges con residencia renovada. «Se les puede hacer una oferta de cualquier cosa», subraya el técnico del Cite.

Las solicitudes de arraigo social y la información sobre el reglamento nuevo de extranjería así como la entrega y recogida de ropa y juguetes completan las prestaciones de esta oficina.

En el Departamento de Extranjería de la UGT, cerrado dos meses en 2011 por falta de recursos, fueron atendidas 1.850 consultas, con once inserciones laborales, frente a las 6.200 de 2010. Esta oficina abrió en 1997, año en que atendió a 61 personas. Además del asesoramiento en renovaciones y reagrupaciones familiares, fue notoria la información y ayuda prestada en trámites para la obtención de la nacionalidad española (hay 8.828 personas residentes en León que se han accedido a la ciudadanía española).

La divulgación del nuevo régimen del hogar y la sensibilización en derechos laborales es otra de las tareas que realizan con los migrantes: «No saben lo que es cotizar para una pensión, ni los derechos más elementales como los días festivos», explica Cueto.