Garzón estuvo imputado por un delito prescrito
Fue acusado de cohecho impropio y ahora se archiva la causa al haber caducado.
El ex magistrado Baltasar Garzón.
Sólo cuatro días después de que Baltasar Garzón fuera expulsado de la carrera judicial por prevaricar en las escuchas del caso Gürtel, el Tribunal Supremo archivó ayer una de las dos causas pendientes, la de los cursos de Nueva York celebrados entre 2005 y 2006. El magistrado instructor Manuel Marchena consideró que el delito de cohecho impropio que le imputaba, penado con multa de tres a seis meses, prescribió por 25 días, como alegó la Fiscalía del alto tribunal.
La decisión de Marchena es controvertida ya que en el auto en el que daba por concluida la investigación, fechado a 26 de enero, no hizo mención alguna a la posible caducidad del delito. Es más, en aquella resolución el magistrado acusó a Garzón, al que llamó «exitoso gestor de fondos», de recaudar 1,2 millones de dólares de empresas y bancos españoles para el patrocinio de los cursos académicos.
Además, Marchena dejó una sombra sospechosa sobre el destino de una partida de dinero que no se pudo justificar en la instrucción y que, según el auto, pudo acabar en paraísos fiscales o en empresas de la familia de Garzón.
El magistrado del Supremo, que formó parte de la sala que inhabilitó al juez por usar métodos «totalitarios» en las escuchas de la trama Gürtel, alega que Garzón reclamó el último de los patrocinios, efectuado por el BBVA, a 17 de mayo de 2006, mientras que la querella presentada por la acusación popular que dio origen al procedimiento se presentó el 12 de junio de 2009, es decir, «habiendo transcurrido 3 años y 25 días desde la comisión de los hechos», cuando el límite legal son tres años.
La decisión de Marchena de mantener imputado a Garzón desde el 26 de enero llegó después de que éste no apreciara que concurrieran los delitos inicialmente investigados, prevaricación y cohecho propio.
Resulta curioso que al imputarle cohecho impropio el instructor no se diera cuenta de que el delito había prescrito, un matiz que le recordó la semana pasada la defensa de Garzón y la Fiscalía.
Pese a todo, Marchena recuerda en su auto que de no haber caducado la responsabilidad penal de Garzón éste habría afrontado «consecuencias jurídicas inmediatas», que no hubieran sido otras que la apertura de juicio oral.
El abogado de Garzón, Enrique Molina, se felicitó por el archivo, pero recordó que Marchena pudo haber sobreseído de oficio en lugar de esperar a que se lo pidiera alguna de las partes. En su opinión, en los dos años de instrucción se sometió a Garzón y a su familia a un «vilipendio público carente de todo fundamento jurídico». «Pero el daño ya está hecho», señaló.