Interior defiende la excarcelación de un etarra que ha cometido dos asesinatos
Asegura que cumple con la legalidad porque Astarloa ha roto con la banda.
El ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, en una imagen de archivo.
No hay ninguna nueva vía para excarcelar presos de ETA con delitos de sangre. Se trata de aplicar de manera «estricta» la legalidad. El Ministerio del Interior, a cuyo frente está Jorge Fernández Díaz, negó ayer que promueva la libertad condicional para internos terroristas con delito de asesinato.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aseguró que la propuesta de que el etarra Fernando de Luis Astarloa, condenado a 58 años de cárcel por dos asesinatos en la década de los ochenta, pueda acceder a la libertad sin restricciones no es más que fruto de la normativa vigente, que establece que las «juntas de tratamiento tienen la obligación de iniciar y someter al juez de Vigilancia el expediente de libertad condicional de aquellos penados que han extinguido las tres cuartas partes de su condena», como es el caso de Astarloa.
El departamento que dirige Ángel Yuste explicó en una comunicado que la decisión de conceder el tercer grado -régimen de semilibertad previo a la excarcelación- se produjo el 20 de octubre de 2011, «con el anterior Gobierno», sin que ello suponga que los actuales responsables de Interior «cuestionen su estricta legalidad». Según recuerda Instituciones Penitenciarias, fue la Junta de Nanclares, cerca de Vitoria, todavía con el anterior Gobierno, la que elevó el 21 de diciembre -un día antes de la llegada del equipo de Mariano Rajoy- el expediente al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
El Ministerio aseguró que «no existe estrategia alguna que abra la libertad condicional a ningún asesino» porque la administración penitenciaria está obligada a proponer la libertad condicional si el recluso cumple con los requisitos «estrictamente reglados que exige el Código Penal». En el caso de los terroristas, y según la reforma que introdujo la Ley Orgánica 7/2003 en el Código Penal y en la Ley General Penitenciaria para el «cumplimiento íntegro de las penas», los internos podrán salir a la calle sin restricciones solo si, una vez cumplida el 75% de su condena, se reinsertan, piden expresamente perdón a las víctimas, reniegan de ETA, aceptan pagar las indemnizaciones de sus atentados y se comprometen a colaborar con la justicia.
Este es el caso, explicaron fuentes gubernamentales, de Astarloa, que incluso con la aplicación de la denominada doctrina Parot ya saldó las tres cuartas partes de su condena y desde hace meses está expulsado de ETA por firmar en enero de 2010, junto a otros cinco presos de la banda, una carta en la que renegaba públicamente de la organización. A ello se suma el hecho de que desde hace año y medio ya goza de beneficios -como estar en prisión solo para dormir a pesar de no haber sido progresado de grado- sin que haya habido ningún problema.
En cualquier caso, recordó ayer Instituciones Penitenciarias, será el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro el que tras, examinar el expediente y ver si se cumplen estos requisitos, el que decida si concede finalmente la libertad a Astarloa. Una decisión, recalcó Interior, que podrá ser recurrida por la Fiscalía o por el propio preso, pero nunca por la administración penitenciaria.
Audiencia. Antes de fallar si excarcela o no al terrorista, Castro deberá tener una audiencia con la familia de sus víctimas, si éstas así lo desean, para escuchar su parecer, que en ningún caso será vinculante. Según explicaron ayer fuentes judiciales, el juez de Vigilancia Penitenciaria ya ha pedido a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional que localice a los allegados de sus dos asesinados, el peluquero Agapito Sánchez Angulo, muerto en Portugalete en 1985, y el taxista Juan José Uriarte, fallecido ese mismo año en Bermeo.
Si finalmente accede a la libertad condicional, Astarloa habrá cumplido 22 años de prisión efectiva de los 58 a los que fue condenado, con un máximo de 30 de cumplimiento.
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, culpó ayer al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de que se haya abierto el expediente. Alonso mostró su sorpresa porque esta haya sido «la última actuación» del Gobierno socialista, ya que el expediente se inició el 18 de noviembre, un mes después de que accediera al tercer grado y dos días antes de las últimas elecciones generales.