Interior aplicará la ley a los presos de ETA con toda la generosidad posible

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, advirtió ayer de que nadie marcará «el ritmo» que se ha fijado el Gobierno en la política penitenciaria con los reclusos de ETA, en la que anunció, se aplicará la ley con «todo el rigor» pero también con «toda la generosidad» que permite la legislación.

«Nadie nos va a marcar el ritmo, el camino que tiene trazado el Gobierno», alertó Fernández Díaz en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, en la que insistió en que la intención del Gobierno es impulsar una «reinserción individualizada» de los presos etarras.

El titular de Interior dejó claro que el Gobierno no va a permitir que haya «otro guión» que el que marca la normativa penitenciaria, que se aplicará con «todo el rigor» pero también con «toda la generosidad» que permite la legislación y bajo los principios de «inteligencia», «prudencia» y «discreción». Por ello, Fernández Díaz destacó que «nadie» marcará el ritmo que se ha fijado el Gobierno en este ámbito, ni ETA, ni la izquierda aberzale, ni tampoco ningún otro elemento interesado de forma directa o indirecta que, a su juicio, pretenda «contaminar el relato» de lo sucedido con el terrorismo de ETA.

También arremetió contra la izquierda aberzale que, a su juicio, sigue «parapetada en su cobardía» y sigue sin pedir a ETA que desaparezca, entregue las armas y desmantele todas sus estructuras.

El ministro aseguró que «el mayor enemigo» que en estos momentos tienen los presos etarras es la propia organización terrorista puesto que es «la causa» de la política de dispersión. «Si no existiera la banda y se disolviera no sería necesaria, y en el marco de la ley, podríamos establecer unas medidas que seguramente muchos presos etarras están deseando», subrayó Fernández Díaz, que recordó que, «inteligentemente», ese instrumento de la política antiterrorista se inició en un gobierno socialista y «debe subsistir mientras ETA no se disuelva».

1397124194 Falsas espectativas. Recalcó que el Ejecutivo apoya la llamada «vía Nanclares», si bien precisó que desde que ETA anunció el cese de la violencia hace ayer cinco meses «ha quedado de momento en suspenso» ya que la banda ha creado «falsas expectativas» en los internos, como hacerles creer que con la negociación política van a ser «amnistiados o acercados» con carácter general al País Vasco.

Sobre el anunciado plan de reducción de escoltas, Fernández Díaz confirmó que comenzará a aplicarse a partir de hoy en el País Vasco y Navarra y desde el 1 abril en el resto de España.

Reconoció que la amenaza de ETA permanece latente pero asegura que el número de personas protegidas, unas 1.500, está muy por encima de lo razonable. Según sus datos, más de 3.000 policías y guardias civiles están asignados a tareas de protección, sin contar con otros 700 escoltas privados, lo que cuesta al Ministerio del Interior de unos 160 millones de euros.

Reconoció su preocupación por el futuro laboral de los escoltas privados, y por ello aseguró que que se está estudiando la posibilidad de que algunos de ellos puedan dedicarse a labores de seguridad en el exterior de las prisiones españolas, con lo que se liberaría a unos 1.000 agentes de la Policía y la Guardia Civil.

El ministro explicó que no ha sido posible que los escoltas privados puedan dedicarse a proteger a las mujeres maltratadas ya que las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas.