Diario de León

Aguirre propone al presidente «adelgazar» las autonomías

Rajoy no se lo plantea al estar «consagrado» en la Constitución.

Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy durante el encuentro que mantuvieron ayer en La Moncloa.

Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy durante el encuentro que mantuvieron ayer en La Moncloa.

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Ramón gorriarán | madrid
León

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Por si la temperatura del horno de la crisis no estuviera ya caldeada, la presidenta de la Comunidad de Madrid aportó su receta para sortear la situación y calentó más el fogón. Esperanza Aguirre propuso a Mariano Rajoy que las autonomías devuelvan las competencias de sanidad, educación y justicia a la administración central, y las de transporte y servicios sociales a los ayuntamientos. Una propuesta que, en la práctica, implica el vaciamiento del Estado autonómico y la recentralización del poder.

No se esperaba una visita protocolaria porque con Aguirre de por medio es difícil que una reunión sea anodina, pero la visita de la presidenta madrileña al palacio de La Moncloa para verse con Rajoy fue una caja de sorpresas. La gobernante autonómica había esbozado con anterioridad la tesis del retorno competencial, pero no fue tomada en serio y ella además no insistió en el asunto. Hasta hoy. Para salir de la crisis, dijo tras entrevistarse durante algo más de una hora con el presidente del Gobierno, hay que «adelgazar» el Estado autonómico. Una forma de bajar peso es que las comunidades devuelvan «las grandes competencias» al Estado, y citó educación y sanidad, que suponen el 80% de los presupuestos autonómicos, y justicia. Además, abogó por dejar en manos de los municipios los servicios de transporte y servicios sociales.

Aguirre calculó que con este trasvase de poder, que, a su juicio, eliminaría «duplicidades y triplicidades» de funciones entre las administraciones, se ahorraría unos 48.000 millones de euros. La presidenta de la Comunidad de Madrid admitió que su fórmula implica un vaciamiento de las autonomías, pero «si España lo necesita» es la hora de hacerlo. Reconoció que los políticos de las comunidades «nos quedaríamos sin empleo, pero ya buscaríamos».

La jefa del Ejecutivo madrileño explicó que en el fondo de su planteamiento subyace no solo una fórmula de recorte del gasto para afrontar la crisis sino el reconocimiento de que el Estado de las Autonomías ha fracasado porque «no ha servido para lo que se creó», que no era otra cosa que «integrar a los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco» en España. Al contrario, prosiguió, solo ha servido para «encarecer y complicar» el funcionamiento del Estado.

Aguirre consideró que el compañero imprescindible para esta reforma es el PSOE e instó a Rajoy a que busque la complicidad de los socialistas, siempre que se alejen de los «radicales comunistas» y muestren su rostro «socialdemócrata moderado europeo».

La presidenta no contó la respuesta que dio el jefe del Ejecutivo a su iniciativa, pero unas horas después en el Senado Rajoy dejó claro que su postura está en las antípodas. «Por mi parte, ni se plantea» un debate sobre el Estado de las Autonomías, un modelo «consagrado» en la Constitución y del que se declaró «a favor».

Pero no solo no encontró receptividad en el presidente del Gobierno, los nacionalistas catalanes y vascos aprovecharon sus palabras para marcar diferencias. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, apoyó el proceso de recentralización del poder de Aguirre siempre que solo afecte a las autonomías «artificiales» y no a las históricas, como Euskadi o Cataluña. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, aplaudió «efusivamente» los comentarios de Aguirre porque evidencian que las autonomías son «radicalmente distintas» en sus aspiraciones de autogobierno.

Pero también desde el Gobierno y de su propio partido surgieron voces disonantes con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez rechazó la iniciativa porque la gestión sanitaria y educativa han transformado la comunidad. Los socialistas prefirieron no entrar en el debate y reclamaron a la presidenta madrileña que «deje de decir barbaridades», según el diputado Rafael Simancas.

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