El Gobierno se esfuerza en intentar disipar el fantasma de la intervención

En contra de lo que vaticinó hace tres meses el PP, ni la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa ni la intensa agenda de reformas estructurales y ajustes presupuestarios puesta en marcha por el Ejecutivo han logrado calmar las turbulencias en los mercados internacionales. Una circunstancia que desconcierta tanto al Gobierno como al PP que esperaban otra respuesta.

Los partidos de la oposición comparan la «extrema situación» actual, con la prima de riesgo por encima de los 430 puntos y con caídas continuas en la Bolsa, con la que vivió el país en mayo de 2010, cuando estuvo a punto de ser intervenida por la Unión Europea y José Luis Rodríguez Zapatero anunció el primer gran ajuste del gasto de 15.000 millones de euros.

El Gobierno batalló ayer por despejar cualquier duda sobre la posibilidad de un rescate por parte de los organismos comunitarios y del FMI. Hasta Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, dos ministros que han protagonizado sonados desencuentros durante los primeros cien días de mandato, coincidieron en negar que Bruselas baraje tutelar la economía española como hizo y hace con Grecia, Portugal e Irlanda.

El Gobierno transmitió con vehemencia que España «no necesita un rescate en estos momentos». Un argumento que basan, esencialmente, en dos tesis troncales: Rajoy tiene las ideas «absolutamente» claras sobre qué debe hacer y, además, la política económica de España «está coordinada» con la de sus socios europeos.

«Evidentemente, (España) no necesita un rescate», zanjó De Guindos. Lo cierto es que, sin pretenderlo, el propio gabinete de Rajoy abonó la sensación de gravedad al anunciar el lunes, por sorpresa y de una manera un tanto ambigua, un ajuste adicional de 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Montoro procuró desligar esta decisión de una hipotética respuesta a las exigencias planteadas por Bruselas para acelerar la ejecución de las medidas más duras incluidas en los Presupuestos del Estado para 2012. El titular de Hacienda negó que el Gobierno buscase calmar a los mercados con este ajuste y lo situó en el normal desarrollo de la agenda reformista de Rajoy. Adelantó que pactarán en dos semanas con las comunidades autónomas el paquete de cambios en la prestación de la sanidad para lograr el objetivo de ahorrar 10.000 millones de euros, aunque tampoco detalló cómo.

Rajoy, por su parte, hizo una nueva demostración de que las críticas no modificarán sus tiempos políticos y dejó en manos de sus ministros el desmentido a los hipotéticos temores sobre una intervención.

Lo más parecido a una referencia de Rajoy a estos temores intervencionsitas la ofreció durante su comparecencia en la sesión de control al Gobierno que se celebró en el Senado. El portavoz del PSOE, Marcelino Iglesias fue incapaz de arrancarle una palabra sobre este asunto pese a que Rajoy se ofreció a debatir. Fue el propio presidente, durante la respuesta que ofreció a una pregunta de la senadora de UPN, Amelia Salanueva, sobre el pago a proveedores, quien advirtió de que del esfuerzo de todas las administraciones por reducir el déficit público depende «en buena parte» el futuro de España. Es decir, que si este año no se bajan los números rojos de las cuentas públicas el rescate o la intervención serían inevitables.

La socialista Soraya Rodríguez puso el acento en la «incapacidad del Gobierno» de gestionar una coyuntura tan «compleja» como la actual. Afeó a Rajoy que pese a la delicada situación aún no haya convocado a Alfredo Pérez Rubalcaba pese al ofrecimiento del líder de la oposición a pactar.

La reacción del PP fue la de tachar de «irresponsable» cualquier mención al rescate europeo.