Los municipios se aprietan el cinturón

La crisis aprieta y en muchos casos ahoga, al menos en el caso de varios de los principales ayuntamientos de la provincia que se han visto obligados a revisar los gastos para reducir a la mínima expresión los costes y a exprimir tasas y recaudaciones para conseguir liquidez para unas arcas agotadas. Hablamos de decenas de millones de euros de ahorro en toda la provincia con el ciudadano como primera víctima del nuevo modelo de política diseñado bajo el lema ‘apretarse el cinturón’. El ahorro no está contabilizado porque muchas de las variables presentadas por los municipios se basan en previsiones de recaudación y costes estimados.

La revisión del gasto energético y de la factura telefónica es generalizada. En estas dos variables practicamente todos los ayuntamientos están de acuerdo en cortar el despilfarro. Se trata de apagar farolas, instalar leds, revisar los controles de tiempo y renegociar tarifas con las empresas. En esta lid está en juego el ahorro de miles de euros —500.000, en el llamativo caso de Ponferrada o 160.000 en Cistierna— que antes de la crisis se consumían sin pegas. En el caso del teléfono quien no negocia un plan de ahorro ya lo tiene firmado. Se han suprimido líneas de móviles, se ha cambiado de compañías o se han contratado tarifas planas. Lo que muchos domicilios tenían gestionado hace años, en la casa de todos se ha esperado al crítico momento.

A priori, se han acabado los lujos —los alcaldes de León y San Andrés del Rabanedo ya no disfrutan de coche oficial—, y algunos, incluso, se han apurado en ahorrar en papel decretando que las comunicaciones internas se hagan a través de email, como es el caso de Villaquilambre. Y es que el papel es caro, como lo certifica el hecho de que Cistierna y Villablino se hayan propuesto subir la expedición de documentos.

Otro asunto es el personal. En cuestiones laborales, los peor parados son los eventuales, que prácticamente desaparecen del mapa. La mayoría de los que toman medidas optan por amortizar puestos de trabajo, otros por reducir jornadas —Sabero— y algunos por suprimir las horas extras o los complementos salariales. Para los políticos hay de todo. Reducciones de sueldo, supresión de asignaciones y quedarse como están, como en Astorga, La Bañeza o Sabero.

La reducción en los servicios municipales es la consecuencia inmediata de las medidas aprobadas en los consistorios y que se dejan sentir más cuanto mayor es la población del municipio. Así, el equipo de gobierno de la capital, que acaba de anunciar esta semana el cierre de dos guarderías municipales, ha aplicado con rigor la máxima de ‘menos por más’ sobre la población con medidas de efecto generalizado como el cobro de las actividades extraescolares, la subida del billete de autobús urbano y de las tarifas por uso de los polideportivos o el incremento del aparcamiento de la O.R.A. Hablamos de un ‘recorte’ al bolsillo de los ciudadanos comprendido entre el 30 y el 50%. A cambio, además de dos guarderías menos, se reduce el alumbrado público y en las dependencias municipales, se recorta la calefacción en los colegios, se eliminan los vigilantes de los pasos de peatones y se cierran instalaciones públicas.

No es un caso único, aunque sí significativo. Los recortes en servicios y las subidas en tasas no son tan evidentes en ningún otro municipio de la provincia.

Sí los hay que crean nuevas tasas, como Bembibre sobre deyecciones de animales o la nueva ordenanzas sobre multas de Cistierna. También Valencia de Don Juan tendrá nueva tasa para los cajeros automáticos.

En cuanto a las subvenciones al ciudadano, se decreta ya como extinguidas las ayudas a la natalidad o a las guarderías, y otro tanto ocurre con las obras municipales, a menos que vengan con una subvención bajo el brazo.