CCOO y UGT rechazan los cambios en la ley de extranjería

La decisión del Gobierno de cambiar la ley de extranjería para evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España solo para recibir atención sanitaria ha provocado las críticas de los sindicatos CCOO y UGT, de políticos como Cayo Lara, coordinador federal de IU, y Gemma Zabaleta, consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, y de Facua, organización de consumidores.

El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, ha calificado de “demagógica y profundamente injusta” la decisión del Gobierno. El responsable sindical ha indicado que la medida “dice muy poco de la caridad cristiana de la que hacen gala la mayoría de los miembros del Gobierno”. Lezcano ha rechazado las tesis de que los inmigrantes son uno de los problemas de las finanzas del sistema sanitario y ha lamentado que “los más desfavorecidos sean los más perjudicados”.

Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, ha afirmado que la medida generará una situación de “desprotección” para los enfermos y “exclusión social”. Ferrer ha indicado que se trata de medidas que son un “recorte del modelo social” y una “involución”, y ha agregado que no se puede trasladar a los ciudadanos “la mala gestión producida por los responsables políticos”.

El Gobierno vasco rechaza la medida

La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha rechazado la medida por ser "dura y equivocada" y ha solicitado que la legislación de extranjería "se modifique para permitir que las personas inmigrantes al empadronarse puedan tener un "permiso provisional revisable" para poder trabajar". "El camino correcto es luchar contra las mafias y contra la economía sumergida, a través de la transparencia y de la legalidad, pero eso no se hace modificando la ley para restringir la sanidad", ha señalado.

Zabaleta ha subrayado que "hay que dar una oportunidad para trabajar" y revisar los permisos "cuando eso no se dé", pero ha insistido en que no se debe "condenar a las personas a la precariedad, a los subsidios y negarles la sanidad". "La gran equivocación es permitir el empadronamiento e impedir trabajar", ha subrayado.

Es una “involución democrática”, según Cayo Lara

Para el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, los nuevos ajustes suponen una "involución democrática" con la que "se penalizan" la salud y la educación públicas. Cayo Lara ha denunciado las restricciones porque "violan" todas las convenciones europeas, la declaración universal de los derechos humanos y la propia Constitución española.

"Creo que no hay hospital, por muchas leyes que haga este Gobierno, que se niegue a dar la atención a una persona con una enfermedad grave que demande atención", ha añadido. "La sanidad pública es una conquista de la sociedad más civilizada de nuestro tiempo" y no se puede "consentir que haya marcha atrás", ha subrayado.

Lara ha añadido que dicha cobertura sanitaria es un acto humano, incluso "cristiano, para aquellos que hablan a veces en nombre de este cristianismo" y por eso hay que "parar esta ofensiva" del Gobierno que "no encaja en el sentido común de ningún ser humano, sea cual sea su ideología", ha negado que no haya recursos suficientes para resolver los problemas sanitarios y ha recordado que el gasto en sanidad en España, tanto en porcentaje de PIB como por habitante, está por debajo de la media de la UE.

Facua cree que es un “insulto”

La organización de consumidores Facua ha asegurado que la retirada de las prestaciones sanitarias a los inmigrantes sin legalizar que no encuentran empleo "es una inmoral perversión que puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos". Según el presidente de Facua, Francisco Sánchez Legrán, la medida es "un paso más en el rompimiento de nuestro modelo universal de prestación del servicio sanitario y en comenzar a crear una sanidad para ricos y otra para pobres".

Para Sánchez Legrán, "castigar a medio millón de inmigrantes con el argumento de que no trabajan en un país con más de cinco millones de parados es un insulto lleno de cinismo". "Quizás el Gobierno de la amnistía fiscal debería preocuparse también por sacar a flote la economía sumergida que padecen multitud de inmigrantes en activo a los que se les niega un contrato de trabajo", ha advertido.

El presidente de Facua se pregunta qué pasará si un inmigrante no legalizado es hospitalizado de urgencia por una enfermedad que pone en riesgo su vida y si se le dejará abandonado a su suerte pasados unos días aunque esté en riesgo de muerte si no recibe el tratamiento adecuado.