RECORTES SOCIALES
El copago incluirá las prótesis, los productos dietéticos y las ambulancias no urgentes
Las autonomías deberán adaptarse al pago farmacéutico según la renta antes del 30 de junio
Los usuarios de la Sanidad pública tendrán que pagar parte de las prótesis, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente. Así se establece en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes y que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), después de tres días de retraso "por motivos técnicos", según fuentes del Ministerio de Sanidad.
Ese tipo de prestaciones, que se dispensan de manera ambulatoria, estarán incluidas en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud y serán consideradas "servicios accesorios" sujetos a aportación por parte del usuario. El porcentaje de esta "se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún limite de cuantía a esta aportación".
Las medidas adoptadas en cuanto a estos servicios entrarán en vigor cuando se agote el plazo de seis meses dispuesto por el Ejecutivo a partir de la aprobación del decreto ley. Por ello, se celebrará un Consejo Interterritorial al acabar este plazo. Sí entran en la cartera de servicios básica "las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por financiación pública".
También destaca en la norma la modificación del artículo relativo al desarrollo de los servicios comunes, entre los que no se incluirán aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos que no tengan suficientemente probada su "contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento".
Copago farmacéutico en julio
El decreto establece asimismo que las comunidades autónomas deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio. Según la nueva norma, "la aportación del usuario será proporcional al nivel de renta que se actualizará, como máximo, anualmente". Como ya era conocido, los usuarios activos con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán hacerse cargo del 60% del precio de los medicamentos; los que tengan una renta entre 18.000 y 100.000 euros, del 50%, y los de renta inferior a los 18.000 euros, del 40%, con un tope mensual de 60 euros.
En cuanto a los pensionistas, pagarán el 10% de los medicamentos que se les receten, con un máximo de 8 euros al mes si su renta es inferior a 18.000 euros y de 18 para el resto.
Recorte de 7.000 millones
El objetivo de la reforma sanitaria es conseguir un ahorro estimado de 7.000 millones de euros, de los que casi la mitad, unos 3.550 millones, debe lograrse con estas medidas, así como la desfinanciación pública de fármacos "obsoletos" o "con menor valor terapéutico"; un plan para el impulso de medicamentos genéricos, nuevos precios de referencia y el ajuste de los envases a la duración de los tratamientos.
Asimismo, el Gobierno ha preparado un plan para luchar contra el turismo sanitario y el "uso fraudulento" de la sanidad por parte de extranjeros no residentes en España. Con estas medidas, incluida la controvertida retirada de la tarjeta sanitaria a los simpapeles, prevé ahorrar unos 1.500 millones.
La reforma también establece la creación de una plataforma de compras centralizada para que las comunidades compren de forma conjunta medicamentos hospitalarios y tecnología médica, como ya se hace con la vacuna de la gripe. Ello debe generar un ahorro de entre 1.000 y 1.500 millones.
El resto del ahorro procederá de la creación de una cartera de servicios común para todas las comunidades y la implantación de la 'e-salud' (700 millones); la mejora de la coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales (600 millones), y la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales que facilite la movilidad entre los servicios de salud (500 millones).