Torres-Dulce asegura que «no hay ni habrá trato de favor a Urdangarin»

El órdago de Diego Torres para intentar mejorar su situación en el ‘caso Urdangarin’ amenaza con volverse en su contra y, de paso, empeorar aun más la ya delicadísima posición del yerno del rey. Las amenazas cada vez menos veladas de Manuel González Peeters, abogado de Torres, de tirar de la manta e implicar a la Casa Real en este sumario si Anticorrupción no se aviene a un acuerdo para librar de la cárcel a su cliente están levantando ampollas en la Fiscalía, el Gobierno y, como era de esperar, en la Zarzuela, que ven en las actuaciones extraprocesales un intento de chantaje.

Las maniobras del letrado, que el mes pasado sacó a la luz tres mails en los que implicaba al rey y a Cristina de Borbón en gestiones a favor de Urdangarin sin que esos correos sirvieran para exculpar a su cliente, están alejando la ya remota posibilidad del acuerdo de conformidad que pretende González Peeters. Su plan es que Urdangarin y Torres admitirían su responsabilidad penal, devolverían, entre los dos entre 3,5 y 4 millones de euros, y, a cambio, el Ministerio Público acusaría a ambos de penas menores a los dos años de cárcel lo que evitaría que pisaran la cárcel porque ni el exdeportista ni su exsocio tienen antecedentes penales.

La respuesta

Ante la envergadura que está tomando este pacto ‘no nato’ y la nueva amenaza de Peeters de hacer públicos 200 mails más sobre el Monarca y el ‘caso Urdangarin’, el fiscal jefe del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la persona que en última instancia tendría que autorizar ese pacto de conformidad, decidió tomar cartas en el asunto. En un encuentro informal con un reducido grupo de periodistas fue tajante: «No he autorizado ni autorizaré un trato de favor» a Urdangarin o a Torres, haya o no haya ‘mails’.

El máximo responsable del Ministerio Público rechazó, por el momento, hablar siquiera de la posibilidad de un acuerdo de conformidad con el yerno del rey o su ex socio porque la investigación sobre el caso Nóos sigue abierta, hasta el punto de que Anticorrupción no está ni cerca de saber cuál puede ser la responsabilidad civil de los dos imputados estrellas de la pieza 25 del sumario Palma Arena porque no están concluidas las pesquisas sobre el supuesto dinero evadido a Belice y Suiza.

Torres dulce recordó que la Fiscalía sigue teniendo como objetivo en este sumario «esclarecer» los supuestos hechos delictivos cometidos por los directivos del Instituto Nóos y llevar a los responsables «ante el juez». Según Torres-Dulce, así lo marca la ley y «es lo que va ha hacer la Fiscalía».

En clave de futuro, el fiscal general no descartó la posibilidad de que, como en cualquier proceso judicial, se llegue a un acuerdo entre el Ministerio Público y los acusados una vez terminada la instrucción, pero, garantizó que éste pasaría porque los implicados admitieran los «hechos, la culpabilidad, la pena y la responsabilidad civil» que reclamara el Ministerio Público.

El ministro de Justicia también insinuó que un acuerdo está bastante lejano. «En un Estado de Derecho el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley es el que rige y es el que por supuesto se aplicará en este y en todos y cada uno de los casos», apuntó Alberto Ruiz-Gallardó,.

Para hacer aún más enrevesado este asunto, Mario Pascual Vives, desmintió a la Fiscalía balear y negó haber tocado a su puerta para tratar un posible pacto. «Ni formal ni informalmente, he mantenido ningún tipo de contacto o relación con la Fiscalía y con sus ilustres representantes en Palma de Mallorca en relación a ningún tipo de conformidad ni acuerdo», dijo.