Una ‘no dimisión’ que pone en jaque al Estado

La resistencia de Carlos Dívar a dejar la jefatura del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo ha generado un serio problema no sólo a los jueces si no al Gobierno y a la Casa Real.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha pasado de la defensa cerrada de la máxima autoridad judicial —Alberto Ruiz Gallardón se ha cansado de alabar sus muestras de «responsabilidad»— a desear con todas sus fuerzas que se marche. Más de uno en el palacio de la Moncloa no concilia el sueño ante la perspectiva de que la prensa internacional recoja con lujo tipográfico que el presidente del Supremo español dimite por protagonizar un caso de corrupción. La ya vapuleada imagen del país sufiriría un revolcón en un flanco por el que nunca se debió temer.

Solo los éxitos deportivos cotizan al alza en el parqué del prestigio internacional, pero ese tipo de victorias no conmueven en las instituciones financieras ni en los mercados de la deuda.

También la Casa del Rey ha seguido con lupa la evolución del caso Dívar. No es para menos. Al final, no habrá fotografía del Rey, tocado como nunca también por sus actividades privadas, con un presidente del Poder Judicial en precario y en vísperas de una dimisión forzada y vergonzante por gastarse el dinero de todos en disfrutes privados de fin de semana.