Cataluña y Andalucía se plantan ante el objetivo de déficit y deuda de Rajoy

De poco sirvió meter en vereda a los ‘barones’ del PP y aleccionarles con eso de que no es momento de rebeliones cuando los mercados, y toda Europa, nos miran con ansiedad. Ellos cumplieron, pero la tensión que ya hace dos semanas se vivió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que Hacienda se negó a compartir con las comunidades el punto extra de déficit otorgado por Bruselas, acabó estallando este martes de forma estrepitosa. Cataluña, enfadada por las imposiciones del Ejecutivo, ni siquiera asistió a la nueva cumbre convocada para fijar los objetivos individualizados de deuda y déficit para los próximos años, y Andalucía abandonó la mesa a mitad de reunión con un portazo y anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad inmediato contra los acuerdos.

Esta vez ninguna comunidad gobernada por los populares puso pega alguna, e incluso Extremadura, Castilla y León y Galicia, que hace quince días expresaron su malestar por la exigente cifra de desviación del gasto permitida para el 2013 (0,7%), se tragaron sus protestas y aceptaron sin chistar. Pero tanto Asturias, gobernada por el PSOE, como Canarias, con un ejecutivo de Coalición Canaria, votaron en contra. El resultado: un duro golpe para la estrategia de Mariano Rajoy, empeñado en lanzar al exterior el mensaje de que es capaz de controlar a unas regiones a las que, en la distancia y con el lenguaje frío de los números, se percibe como díscolas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trató de restar importancia a lo ocurrido. «No pasa nada —defendió—. El cumplimiento de la ley está por encima de lo que ha pasado aquí y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros socios. Puede haber discrepancias pero no hay variación en los objetivos.». Esos objetivos consisten en una deuda del 15,1% para el conjunto de la administración autonómica en el 2012 y del 16% en el 2013. Pero no en todos los casos la cifra individual es idéntica (algo que sí ocurre con el déficit autorizado).

En sus manos el Gobierno tiene, aún así, los instrumentos coercitivos que le otorga la ley de estabilidad presupuestaria aprobada la pasada primavera. Una norma que, en último término, permite a la Administración central intervenir las cuentas de las autonómicas.

Montoro no dijo nada de mantener reuniones bilaterales para intentar apaciguar los ánimos. Lo cierto es que tanto Andalucía como Cataluña forman parte, según algunas fuentes, del grupo de comunidades a las que el ministerio sacó ‘tarjeta amarilla’ en el último CPFF ante el riesgo de que este año no se atengan al déficit permitido, del 1,5%.

Los catalanes —que se han acogido a todos los mecanismos de liquidez puestos en marcha a lo largo del último año por el Gobierno y recurrirán también al Fondo de Liquidez Autonómica, de reciente creación— reprochan al Ejecutivo su falta de flexibilidad. «Europa rectificó respecto a los objetivos de déficit español, se dio cuenta de que los compromisos eran imposibles de cumplir —protestó el portavoz de la ‘Generalitat’, Francesc Homs—.