El Gobierno blande ante Andalucía y Cataluña la amenaza de intervención

Pie en pared. El Gobierno hizo ayer oídos sordos a las protestas de Cataluña y Andalucía y volvió a dejar claro que no moverá ni una coma de los objetivos de déficit y deuda aprobados ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Frente a la reclamación del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que se revisen las posiciones y se abra un diálogo, el Ejecutivo respondió con contundencia y recordó que tiene en su mano los duros mecanismos coercitivos que le otorga la nueva ley de estabilidad financiera, intervención de la autonomía incluida.

«No hay hueco para la insumisión», resumió de forma gráfica la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás. «Una cosa es la postura ante los medios y otra —dijo a Radio Galega — que tengan posibilidad alguna de hacerla o llevarla a cabo, que no la tienen, entre otras cosas, porque no tienen financiación».

En el caso extremo de que la rebelión fuera algo más allá de la ausencia de la Generalitat en la cumbre autonómica o del abandono precipitado de la reunión por parte de la consejera andaluza, el Gobierno podía acabar recuperando las competencias en cesión de tributos o incluso podría aplicar, por primera vez en la historia del Estado de las autonomías, el artículo 155 de la Constitución que, mayoría absoluta del Senado mediante, permite al Estado tomar las riendas de una comunidad díscola.

Griñán dejó claro que, conforme o no con el techo de deuda que se les ha impuesto para el 2013, un 13,2% de su PIB, Andalucía cumplirá. Pero avisó de que tiene intención de plantear recurso contra una decisión que considera injusta e «inconstitucional». El Gobierno andaluz y el PSOE, que respalda su postura, aseguran que la fórmula empleada por Hacienda para fijar el tope de deuda individualizado rompe el principio de igualdad y discrimina a Andalucía y a las comunidades en las que gobiernan los socialistas (Asturias y, en coalición, Canarias). La media del conjunto de la administración autonómica debe ser del 16% pero, a diferencia del objetivo del déficit, idénticopara todos, la capacidad de endeudamiento autorizada varía en cada caso.

Las diferencias surgen porque el punto de partida es el volumen de deuda que cada cual tuviera a 31 de diciembre del 2011. Sobre esa cifra, el único endeudamiento que permite el Ejecutivo es el necesario para financiar el déficit autorizado, más la variación ya tasada de activos financieros, más la parte de la liquidación de los anticipos que el Estado dio a las autonomías en el 2008 y el 2009 y que estas deben devolver en diez años.